Abogado: libertad de atenquenses no será pronto
Pese a que el juez del caso San Salvador Atenco es "incompetente" para llevar el proceso de los detenidos, como determinó un juzgado federal en materia de amparo, sería "aventurado" aseverar que los prisioneros podrían obtener su libertad de manera rápida, pues las autoridades y el Ministerio Público Federal han demostrado "una actitud parcial" ante el caso, aseguró Juan de Dios Hernández Monge, abogado de la mayoría de los detenidos en la cárcel de Santiaguito.
"Lejos de la actuación de buena fe que supone su investidura, en realidad lo que han hecho es administrar el conflicto y politizar tanto la investigación como la impartición de justicia", expresó el litigante.
Consideró que, aunque la resolución del juez primero de distrito en materia de amparo, Wily Vega, es aceptable, ésta es "incongruente" debido a que, a pesar de que determina las diferentes irregularidades en que incurrió el Ministerio Público para conformar la averiguación previa mismas que el juez penal de Toluca, Jaime Maldonado, pasó por alto, no dictó un amparo "liso y llano", sino para "efecto", término que no existe en la ley, con lo que da posibilidad al juzgador mexiquense a dictar otro auto de formal prisión.
"En la sentencia de amparo el juez de distrito dice expresamente que en el auto de formal prisión del 31 de agosto se violan las garantías individuales de legalidad, seguridad jurídica y del debido proceso, lo que debió traducirse en un amparo liso y llano", para que los quejosos (detenidos) obtuvieran el beneficio que las leyes dictan.
Explicó que, a pesar de que la sentencia de amparo dictada por Vega establece que "se violaron las garantías" de quienes permanecen presos, no restituye a los implicados el goce y disfrute de sus garantías, "sino que sólo regresó la pelota a Maldonado para que éste, en libertad de jurisdicción, primero deje insubsistente el auto de formal prisión del 31 de agosto; después se tiene que declarar incompetente (para atender el caso); y en caso de dictar otro auto de formal prisión debe dar parte a un juez de Texcoco (lugar de los hechos)".
Sin embargo, afirmó, si el juzgador de la capital mexiquense se apega a derecho "no tiene los elementos para dictar otro auto de formal prisión, pues la única prueba que acreditaba el delito (los testimonios de los policías) son inválidos" al ser idénticos, como señaló Vega en su resolución.
Hernández Monge señaló que pese a la politización del caso, existe la posibilidad, aunque mínima, de que se decrete un auto de libertad; porque de no hacerlo, aseveró, Maldonado incurriría no sólo en una responsabilidad administrativa, "sino en un delito".
Por ello afirmó que el equipo de abogados de la mayoría de los detenidos en Santiaguito estarán pendientes de que el juez de Toluca no altere las constancias de los autos o modifique el expediente de la investigación previa; pues si así fuera, "tendríamos que hacer la denuncia penal que corresponde, porque ya basta de la forma en que se está impartiendo justicia, con criterios políticos y no jurídicos".
Recalcó que en estos casos puede ocurrir que el proceso se traslade a un juzgado de Texcoco o que el Ministerio Público Federal recurra a la revisión, con lo que se detendría el proceso jurídico, pues un tribunal colegiado de distrito tendría que conocer del caso y dictar sentencia.