Se obligó a los ocho detenidos a inculparse de diversos delitos, dice la CNDH en recomendación
Torturaron a perredistas en la víspera de comicios en Tabasco
Fue manipulado el video en que aceptan que iban a desestabilizar las elecciones, concluyen peritos
Pide Soberanes al gobernador reparar el daño sufrido por las víctimas; dos, sin afiliación partidista
Los ocho detenidos poco antes del proceso electoral en Tabasco, en octubre pasado, fueron víctimas de tortura, privación ilegal de la libertad, lesiones y abuso de autoridad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras hacer las investigaciones pertinentes sobre el caso.
En una recomendación dirigida al gobernador de la entidad, Manuel Andrade Díaz, el presidente del organismo de defensa de las garantías fundamentales, José Luis Soberanes, señala que "al rendir sus declaraciones, los ocho aprehendidos (seis integrantes del PRD y dos sin afiliación política) estaban esposados y fueron obligados a inculparse de la comisión de distintos delitos".
Cabe recordar que días antes de que se efectuaran las elecciones para renovar la gubernatura, las 17 alcaldías y el Congreso de Tabasco, elementos de la SSP local detuvieron a ocho personas, a quienes según la dependencia estatal se les encontró "diversos objetos prohibidos, como armas blancas, pistolas de diábolos y algunas calibre nueve milímetros".
El viernes 13 de octubre, el propio secretario de Seguridad Pública de la entidad, Juan Cano Torres, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó una videograbación en la que tres de los detenidos aceptaban que su presencia en Tabasco tenía por objeto "desestabilizar" el proceso electoral.
Los capturaron desde el 11 de octubre
El funcionario aclaró entonces que los ocho sujetos habían sido detenidos el jueves por la mañana. Sin embargo, dirigentes del PRD y de la coalición Por el Bien de Todos denunciaron que sus seis compañeros y las otras dos personas, que sólo pasaban por el lugar, fueron aprehendidos desde el 11 de octubre, por lo que "toda la noche fueron víctimas de torturas físicas y sicológicas".
Los integrantes del PRD se encontraban en Tabasco en labores de observación electoral, y junto con los otros detenidos obtuvieron la libertad bajo caución varios días después de su captura.
En su recomendación, Soberanes Fernández afirma que debido a "la gravedad de los hechos", éstos trascendieron el interés estatal e incidieron en la opinión pública nacional, por lo que la CNDH ejerció su facultad de atracción luego de que el ex representante de la coalición Por el Bien de Todos ante el IFE, Horacio Duarte, interpusiera la queja correspondiente ante la delegación del organismo en Tabasco.
El ombudsman nacional concluye en el texto dirigido a Andrade que tras investigar los hechos se encontró que luego de la detención de Antonio Guerrero García, Gilberto Daniel García Hermosillo, Guadalupe Alberto Cristerna Soto, Gustavo Raudal Mitre Ayala, Jesús Lucano Herrera Ochoa, Manuel Alejandro Robles Gómez, Jesús Antonio Ramírez Arias y Pedro Ballesteros López (los dos últimos sin relación con el PRD), "se acreditó que fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, debido a la tortura que les fue infligida".
Asimismo, refuta las afirmaciones del titular de la SSP estatal, al establecer que en el análisis de las declaraciones ministeriales de cuatro de los agraviados, los testimonios recogidos por los visitadores enviados por la CNDH a la entidad, las valoraciones de peritos médicos y sicológicos del organismo encabezado por Soberanes, quienes aplicaron el Protocolo de Estambul, así como por la dilación en que incurrió el personal de la SSP de Tabasco para poner a los detenidos a disposición de la autoridad ministerial, "se concluye que en este caso existió tortura".
"Los agraviados coinciden en que al ser detenidos en la vía pública por civiles a bordo de dos camionetas, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico, les ataron las manos, los amenazaron de muerte y los golpearon en los testículos, y después de unos 20 minutos de recorrido los bajaron en un domicilio desconocido, donde los introdujeron a un cuarto en el que les descubrieron la cabeza, les vendaron los ojos y los amenazaron con cortarles el dedo de un pie y matarlos. Para hacerles creer que eran ciertas las amenazas de mutilación, les golpeaban los testículos para que gritaran y los escucharan sus compañeros", expone Soberanes Fernández.
Asimismo, subraya que al analizar los partes informativos de las autoridades policiacas, ministeriales y médicas se hayan "algunas irregularidades" en perjuicio de los agraviados.
El ombudsman nacional explica que al analizar el parte de la policía, se encuentra que García Hermosillo, Mitre Ayala y Robles Gómez, quienes aceptan su culpabilidad ante las cámaras de la SSP estatal, fueron videograbados en las oficinas del Departamento Penal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, a las 13:15 horas, pero al revisar el reporte de los servicios médicos de esa misma autoridad, se asienta que la revisión se hizo a las 13:10 horas, en el área de servicio médico. "No es creíble que en cinco minutos hayan sido revisados clínicamente y llevados de nuevo al Departamento Penal".
Además, señala que los médicos legistas Carlos Fernández y Luis Marín Romero, ambos adscritos a la procuraduría estatal de Justicia, incurrieron en omisiones, pues al certificar la revisión de dos de los agraviados "asentaron que no presentaban huellas de lesiones", mientras que los peritos de la CNDH hallaron rastros de que García Hermosillo y Ramírez Arias fueron objeto de tratos crueles.
Por ello, en la recomendación emitida, Soberanes Fernández exhorta al mandatario estatal a dar vista a la Secretaría de la Contraloría local para que "inicie y resuelva conforme a derecho el procedimiento administrativo que permita establecer la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la SSP estatal" ante la violencia física, verbal y sicológica que infligieron a los afectados al detenerlos y durante el tiempo que los mantuvieron retenidos antes de presentarlos a la autoridad competente.
También solicita que se investigue al personal que realizó la videograbación y la presentó ante los medios informativos, así como al que participó en la dilación para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Asimismo, exhorta a Andrade Díaz a iniciar un proceso administrativo contra los médicos legistas por las omisiones en que incurrieron al emitir su reporte, así como a los servidores públicos responsables de las condiciones indignas de la celda en que fueron detenidos.
Del mismo modo, lo conmina a establecer acciones para la prevención de tortura en la entidad, mediante la capacitación de los elementos policiacos pertenecientes a la SSP estatal.
Soberanes recuerda que dos de los perjudicados presentaron una denuncia contra quien resulte responsable de abuso de autoridad, colusión, desaparición forzada de personas y tortura, entre otros, por lo que recomienda al mandatario de Tabasco que instruya a las autoridades competentes para que la recomendación emitida por la CNDH se aporte a la averiguación previa iniciada, "para que el representante social valore las consideraciones vertidas al momento de emitirla".
El texto de Soberanes exhorta al gobernador de Tabasco a reparar el daño sicológico que sufrieron los agraviados mediante tratamientos especializados.