Editorial
El doble criterio del PAN
La injerencia de organizaciones políticas extranjeras en asuntos internos de México es un hecho inaceptable en cualquier circunstancia, y que además viola el artículo 33 constitucional. Ayer viernes, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la organización política española Izquierda Unida (IU) ha incurrido en este desacato a las leyes nacionales por participar en el primer congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los pasados días 11 y 12 de noviembre.
Sin embargo, cabe señalar que los panistas evidencian un doble criterio sobre cómo aplicar las normas en este caso, pues omiten que su partido recibió el respaldo del ex presidente español José María Aznar y recurrió a los servicios del publicista Antonio Solá ambos vinculados al derechista Partido Popular (PP) durante la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Según los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristian Castaño Contreras, IU es una organización de "ideologismo extremo" que hace política en el país con "fines de desestabilización". De hecho, acusaron a este partido de pretender enviar recursos financieros a la APPO y de intervenir en la crisis que vive el estado de Oaxaca. Es por ello que exigieron a la Secretaría de Gobernación (SG) dar "puntual seguimiento al apoyo político y económico" de IU a agrupaciones como la APPO: "Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. Rechazamos enérgicamente la intromisión de militantes del partido IU en asuntos que sólo competen a los mexicanos", afirmaron ambos legisladores.
El señalamiento de Landero Gutiérrez y Castaño Contreras es pertinente, ya que la injerencia de actores extranjeros en la vida política nacional es un grave hecho que debe ser sancionado: a lo largo de la historia del país, la participación foránea en sus asuntos internos ha perjudicado a la nación e inclusive, en muchas ocasiones, ha derivado en intervenciones militares. En este contexto, si hay algo que investigar en la presunta injerencia de IU, la SG tiene la obligación de llevar las pesquisas hasta sus últimas consecuencias.
Pero antes de entablar esta investigación, el titular de la SG, Francisco Ramírez Acuña, también tiene la obligación de determinar cuál fue el papel del PP en la campaña presidencial panista.
El 21 de febrero de este año, durante un acto político del PAN, el ex presidente José María Aznar violó flagrantemente el artículo 33 constitucional cuando solicitó a los ciudadanos votar por Calderón Hinojosa en las elecciones del 2 de julio. No obstante, en aquella ocasión, la dirigencia blanquiazul y el propio candidato sostuvieron que las palabras del ex mandatario eran una mera opinión personal que no tenía injerencia en los asuntos internos de México. Por su parte, la SG se limitó a enviar una comunicación a la embajada española en la que tan sólo reconvino a Aznar.
Adicionalmente, el publicista español Antonio Solá asumió la coordinación de Imagen y Marketing de la campaña electoral de Calderón en plena carrera presidencial. Llegado al país en los tiempos en que Carlos Castillo Peraza ocupaba la presidencia panista, Solá fue el artífice de la campaña sucia basada en descalificaciones, mentiras y calumnias en contra del aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, a este publicista ligado a Aznar, dicho sea de paso también se le acusa de haber orquestado una "campaña del miedo" del PP en contra del actual presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
De esta manera, queda claro que la investigación sobre el PP y la campaña panista es necesaria si el gobierno del presidente Calderón quiere enviar el mensaje de que en su administración las leyes se aplicarán a todos por igual: en tal contexto, no se trata de un acto de venganza en contra del PAN, sino de un acto de congruencia y honestidad.