Malestar en Madrid por petición del gobierno mexicano
Solicita un juez argentino a España extradición de Cavallo
Madrid, 28 de diciembre. El juez argentino Sergio Torres solicitó a los tribunales españoles la extradición del ex represor Ricardo Miguel Cavallo, acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos cuando fungía como capitán de corbeta de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de exterminio de la dictadura de las Juntas Militares argentinas (1976-1983). Con esta medida se abre la cuenta atrás para el traslado del acusado, si bien antes deberá contar con la "autorización" del gobierno y los tribunales mexicanos, una vez que Cavallo fue extraditado a España desde nuestro país en 2003.
El pasado 20 de diciembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España trasladó la responsabilidad del procesamiento de Cavallo a la justicia argentina, al considerar que con la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida se daban las garantías necesarias para que fuera juzgado. Así, los jueces españoles instaron a las instituciones argentinas a reclamar la extradición del acusado en un plazo de 40 días para su entrega, o su puesta en libertad.
Una semana después de esta medida, calificada de "aberrante" por la acusación popular, se notificó que el juez argentino, Sergio Torres, pidió al gobierno del presidente Néstor Kirchner solicitar a España la entrega de Cavallo. El caso Cavallo presenta una serie de dificultades pues no se enmarca en el proceso habitual de extradición entre ambos países, porque México tiene la obligación legal de ser copartícipe de la extradición.
El tratado bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado entre México y España, establece la doctrina a aplicar en el caso de que una persona extraditada entre ambos países sea a su vez entregado a un tercer país. El artículo 18 del acuerdo dice: "La reextradición en beneficio de un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la parte que ha concedido la extradición".
A pesar de que los tribunales españoles tenían la "obligación" de notificar y solicitar la autorización a México para abrir la vía de la extradición de Cavallo a Argentina, las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación. Esta anomalía en las relaciones institucionales entre ambos países llevó a la embajada de México en Madrid, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a presentar una petición de información sobre el caso en cuestión.
En dicho documento confidencial del cual La Jornada tiene copia, la directora general de Asuntos Jurídicos de la SRE, Sandra Elisa Hernández Ortiz, pregunta por los detalles de la medida judicial adoptada sin tomar en cuenta a las autoridades mexicanas, al tiempo que adjunta unas fotocopias del tratado bilateral de extradición, al poner énfasis en el artículo 18 que establece que México debe "autorizar" la "reextradición".
La petición de la Cancillería mexicana fue remitida al Ministerio del Interior español, desde donde se notificó, el pasado 27 de diciembre, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los magistrados españoles contestaron hoy mismo al requerimiento diplomático, en una respuesta que no oculta su malestar por el hecho de que la embajada mexicana adjuntó el articulado del acuerdo bilateral.
El texto dice literal: "En contestación a la petición de información que el Agregado del Ministerio del Interior en esa Embajada (la de México) ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de esta Audiencia Nacional, ruego informe a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la SRE de México que no es necesario recordar a este Tribunal el contenido del Convenio Bilateral existente entre el Reino de España y México, Tratado que evidentemente conoce".
Los magistrados españoles añaden que "por mera cortesía debe comunicarse a dicha autoridad mexicana que por auto de 20.12.06 (el que abrió las puertas de la extradición de Cavallo a Argentina) este Tribunal se ha limitado a declarar la prioridad de la jurisdicción penal argentina para el enjuiciamento de los hechos objeto del procedimiento seguido en España contra Ricardo Miguel Cavallo, cuestión muy distinta a la extradición y reextradición que son mecanismos que en su caso podrá articular la autoridad competente argentina que es, si así lo tiene a bien, (a la que debe) dirigirse esa Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitante de la información".
Es decir, que los magistrados españoles se desentienden de sus compromisos legales establecidos en el tratado bilateral con México, al instar a las autoridades de nuestro país a solicitar la información y los detalles del proceso de extradición a la justicia argentina, que no tiene la obligación de cumplir un acuerdo firmado entre dos países ajenos, como son en este caso México y España.
De otro lado, la policía española detuvo hoy en la localidad valenciana de Torrent al ex jefe de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina conocida como la Triple A, Rodolfo Eduardo Almirón, uno de los sicarios de la dictadura militar más activos y sangrientos de finales de los 70, a quien además se le imputan los asesinatos del abogado Rodolfo Ortega Peña, el profesor Silvio Frondizi, y el sacerdote Carlos Mujica.