Editorial
Hussein: ejecución inadmisible
Este martes 26 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Irak ratificó la sentencia a muerte de Saddam Hussein, emitida en noviembre pasado por la masacre de 148 iraquíes chiítas de la aldea de Duyail, en 1983. De esta manera, el que fuera el hombre fuerte de esta nación de Medio Oriente podría ser ejecutado en la horca en los próximos 30 días. Sin embargo, a pesar de que Hussein es culpable de ordenar crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios ciudadanos y de sus vecinos de Kuwait e Irán países que invadió y en donde sus ejércitos perpetraron innumerables violaciones a los derechos humanos, la pena capital no es un castigo viable, ya que revela el fracaso de la justicia y constituye un crimen de Estado al atentar contra el derecho a la vida, consagrado en varios tratados internacionales.
La responsabilidad de Hussein en asesinatos, torturas, desapariciones y uso de armas prohibidas como el empleo de gases tóxicos en su guerra contra Irán y en la represión contra la minoría kurda no está en duda, pero aplicarle la pena de muerte es un grave error humanitario y político.
Una sentencia de esta naturaleza viola los derechos a la vida y a no ser sometido a un castigo cruel, inhumano o degradante. En ese sentido, la muerte por ahorcamiento corresponde perfectamente a esta descripción: un ser humano que se bambolea en el aire al extremo de una cuerda es una clara imagen de degradación y crueldad. Asimismo, tales condenas no son, bajo ningún pretexto o circunstancia, una defensa de la sociedad ante una amenaza inminente en contra de la integridad de sus miembros. Por el contrario, constituyen homicidios premeditados por parte del Estado y revelan la incapacidad de éste para luchar con efectividad contra los factores sociales que propician los crímenes abominables.
De hecho, el Estado debería ser el primero en garantizar la vida de todos sus gobernados sin excepción y la aplicación de una justicia que sancione los crímenes mayores con otros métodos. En este contexto, los procesos transparentes y públicos y penas adecuadas en prisión son más útiles a las sociedades que las penas capitales, las cuales, dicho sea de paso, no reducen ni inhiben la comisión de asesinatos y torturas, tal y como lo han demostrado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Adicionalmente, en muchos países cuyas legislaciones contemplan le pena de muerte se han registrado trágicas equivocaciones: en China y Estados Unidos se ha ejecutado a reos que posteriormente se probó que eran inocentes o con evidentes discapacidades mentales.
Finalmente, como señaló el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la ejecución de Hussein difícilmente contribuirá a la pacificación de Irak: existe el riesgo de que su muerte lo convierta en mártir a los ojos de sus simpatizantes, que podrían reaccionar con actos de violencia en un país en donde las tropas estadunidenses han sido incapaces de frenar los enfrentamientos internos. El reciente informe de la Comisión Baker afirma que la situación en Irak es grave y requiere un cambio de política y la prensa internacional ha divulgado que el número de soldados de Estados Unidos fallecidos en esta nación (2 mil 982) ya ha superado a los decesos registrados en los atentados del 11 de septiembre de 2001 (2 mil 973).
En conclusión, será un grave error que Hussein sea sometido a la horca en un acto de venganza estatal.