Desvelan detalles de la mala gestión y los fallos técnicos de la aerolínea

Abren en España proceso penal por quiebra fraudulenta de Air Madrid

"Sólo Dios sabe si el de esta empresa será el único caso", asevera la ministra de Fomento

La responsable de los daños causados a los ciudadanos y resarcirlos es la compañía, señala

ARMANDO G. TEJEDA

Madrid, 27 de diciembre. La aerolínea de bajo costo Air Madrid funcionó en los últimos dos años con graves deficiencias de gestión, técnicas y humanas que precipitaron la suspensión de sus actividades, firme desde el pasado 15 de diciembre ante el "riesgo" de que se produjera un "grave accidente".

Estos hechos, aunado al fraude masivo que provocó la crisis ­que podría afectar a unas 100 mil personas­, serán investigados en los tribunales españoles, en los que se prevé la apertura de sendos procesos penales contra sus propietarios y directivos por diversos delitos de estafa.

La crisis de Air Madrid y sus consecuencias se evidenciaron hoy en tres escenarios distintos: en el Parlamento español, donde la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, desveló detalles escalofriantes sobre la forma de operar de la aerolínea; en la Audiencia Nacional española, donde se solicitó la apertura de una investigación de carácter penal; y, la tercera, en las calles del centro de Madrid, donde se manifestaron algunos de los miles de afectados por la crisis.

Dos semanas después de que los aeropuertos españoles se convirtieron en auténticos centros de acampada de miles de personas indignadas y estupefactas, todas ellas víctimas de un fraude masivo por el cierre súbito de la aerolínea de bajo costo ­especializada en el mercado de los "migrantes" latinoamericanos y rumanos­, finalmente la titular de Fomento compareció ante el Congreso de los Diputados para explicar los detalles de las crisis.

La socialista Magdalena Alvarez advirtió de antemano que "la única" responsable de los daños causados a los ciudadanos es la compañía aérea, que en virtud de la normativa vigente tenía la obligación de resolver el conflicto, atender a los pasajeros afectados y resarcir lo antes posible los perjuicios provocados por la suspensión de actividades.

Una frase de la ministra española explica el origen de la crisis: "Hemos preferido garantizar la seguridad de los pasajeros, y que la compañía dejase de volar antes de que se produjera un grave accidente. En el momento que la inspección nos dijo que la situación era insostenible tomamos la decisión. Al margen de si era Navidad o no".

La "situación insostenible" a la que se refiere la ministra Alvarez se remonta al año 2005, cuando, con tan sólo un año de operación, Air Madrid empezó a registrar severos y reiterados problemas tanto en su funcionamiento interno como en el mantenimiento y operación de su flota de aviones.

Los datos desvelados por el gobierno son claros: de todos los expedientes de inspección y sancionadores que se abren en España a compañías aéreas, el 33 por ciento fueron contra Air Madrid; el año pasado se registraron 39 partes de vuelo sin firmar por los pilotos; desde 2005, la compañía aérea ha sido objeto de mil 755 reclamaciones de pasajeros, ya sea por cambios de ruta, retrasos, mal servicio y retrasos; y, quizá el dato más preocupante, que este año se obligó a la empresa a inmovilizar en siete ocasiones a sus aviones, una cifra muy alta si se toma en cuenta que la flota de Air Madrid era de nueve aparatos.

Estos fallos operativos se suman a las numerosas deficiencias que registró la empresa desde 2005 en cuestiones como infraestructura, atención al cliente y capacidad humana para mantener el ambicioso plan de vuelo de la aerolínea, que pretendía abarcar prácticamente toda América Latina, además de algunos países de Europa del este, como Rumania.

Alvarez enfatizó que las "sucesivas inspecciones" ofrecían a los consumidores la "más absoluta garantía de seguridad" en los vuelos que realizó la aerolínea en los últimos años, al tiempo que acusó a los "directivos de la compañía" de cometer "sucesivos errores" que llevaron a la situación de caos y indefensión de los miles de afectados.

Por esto la funcionaria añadió que "habrá tolerancia cero" con las empresas que infrinjan la normativa, al tiempo que advirtió que aumentarán las inspecciones.

Una de las conclusiones de la mayoría de las fuerzas parlamentarias que interpelaron a la ministra fue una cuestión nodal en el funcionamiento de las aerolíneas, en general, pero de las de bajo costo, en particular.

El sector de la aviación es uno de los "más liberalizados" del conjunto de la Unión Europea (UE), pero además es uno de los más competitivos y no cuenta con los mismos "derechos sindicales" para sus trabajadores. Esto podría ser el origen de una mala praxis empresarial, que privilegia el "ganar mercado cueste lo cueste" a otras cuestiones vitales en un medio de transporte, como es la seguridad. La propia ministra reconoció que habría que estudiar futuras reformas a la normativa, sin embargo precisó que ésta se tiene que hacer por imperativo en el marco de la UE, que tiene la competencia total en el sector de la aviación comercial.

Al ser cuestionada de si cree que este tipo de funcionamiento es un "caso excepcional" o si por el contrario podrían existir otras aerolíneas de bajo costo en situación parecida, la ministra española señaló que "si es un caso único, sólo Dios lo sabe".

En cuanto al operativo de emergencia activado por el gobierno, que finalizó el pasado 21 de diciembre, la ministra española reconoció que únicamente había beneficiado a 5 mil 672, con un costo total del plan de emergencia de 6,5 millones de euros. Este dinero será reclamado a su vez a la propia aerolínea, una vez que el propio gobierno iniciara diversas acciones jurídicas, entre ellas una inminente querella penal.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Juan del Olmo, del mismo órgano judicial, la apertura de una investigación contra los propietarios de la aerolínea, encabezados por el empresario hotelero José Luis Carrillo.

La querella, a petición de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCUA), se basa en que la aerolínea siguió vendiendo billetes de avión aún sabiendo que no podría realizar dicho servicio, una vez que la suspensión de actividades de la empresa era inminente. La acusación considera que estamos ante una "estafa masiva".

Por último, unas 50 personas se manifestaron ante la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo, algunos de ellos afectados directos de Air Madrid, para exigir celeridad en la solución de los miles de expedientes abiertos y para criticar la gestión del gobierno en la crisis, hasta el punto de que se llegó a pedir la "dimisión" de la ministra de Fomento.