A pesar de varias auditorías, ni Ernesto Zedillo ni Vicente Fox movieron un dedo
Impunes desde 1998, anomalías en fideicomisos por $451 mil millones
Dos instrumentos, IPAB-Banpaís y Gasoducto-CFE, ni siquiera estaban en la base de datos
A pesar de que durante los ejercicios presupuestales de 1998 a 2001 se realizaron auditorías al Sistema de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal, y que en todos los casos se detectaron anoma-lías en el manejo de más de 451 mil millones de pesos, durante el mandato de Ernesto Zedillo, y tampoco en el de Vicente Fox, se actuó jurídica y administrativamente contra los responsables de esos instrumentos financieros.
Las irregularidades llegaron a grado tal que se detectó que "dos de los fideicomisos (IPAB-Banpaís, con un patrimonio de 88.4 millones de pesos, y el de Gasoducto-CFE, con una aportación inicial de 195.5 millones) no se encontraban registrados en la base de datos'', pero se argumentó que el instrumento de la Comisión Federal de Electricidad estaba inscrito bajo un nombre distinto, y en cuanto al de Banpaís se dijo que ''no era procedente su inscripción, toda vez que no involucraban recursos públicos presupuestarios''.
Lo anterior quedó asentado en las Bases de Colaboración para el Fortalecimiento del Control Interno y Mejora de Procesos en Materia de Constitución, Renovación, Modificación y Extinción de Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos, y en las auditorías AF-149/98, AF-91/98, AF-149/99, 60-149/2000, y la 113/2001, documentos de los cuales posee copia este diario.
El 23 de octubre de 2002, a fin de mejorar los ''procesos y servicios públicos de la administración pública federal", se firmaron las bases de colaboración para el fortalecimiento del control interno, por parte de la Secretaría de Hacienda, con el fin de evitar manejos discrecionales de fideicomisos y mandatos, tomando como base las anomalías detectadas en los ejercicios anteriores.
Entre las irregularidades se detalla: ''Durante el ejercicio de 1998 se efectuó la auditoría AF-91/98, detectándose la falta de un procedimiento específico para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de fideicomisos y contratos análogos'' y que, por ello, se implantaron en la base de datos correspondiente ''componentes de auditabilidad con la finalidad de incrementar la confiabilidad y consistencia de la información contenida'', ya que en ese año se registraron 890 instrumentos por un monto de 451 mil 196 millones de pesos.
Sin embargo, para la revisión de 1999, contenida en la auditoría AF-149/99, se localizó que de 908 expedientes se seleccionaron 94 en forma aleatoria, que sumaban 9 mil 192.1 millones de pesos, y se descubrió que en su manejo existió ''falta de cumplimiento a la normatividad que regulaba la materia de registro y renovación por parte de las dependencias y entidades''.
En ese ejercicio de revisión se emitieron ''oficios de recordatorios y de apercibimiento a todas las dependencias coordinadoras del sector, con el propósito de que se regularizara el registro y renovación'' de los instrumentos jurídicos.
A pesar de ello, para el año 2000 se llevó a cabo la auditoría 45/00, ''observándose principalmente la carencia de un módulo en el sistema de registro de fideicomisos y mandatos'' que diera ''seguimiento presupuestario a los recursos públicos destinados a los instrumentos jurídicos descritos''. Por ello, supuestamente se procedió a implantar ''un sistema de fideicomisos en las direcciones generales de Programación y Presupuesto sectoriales, a efecto de que éstas, en coordinación con la entonces Unidad de Política de Control Presupuestal, estuvieran en posibilidad de llevar trimestralmente el seguimiento del avance financiero y presupuestario reflejados en los estados financieros de los fideicomisos, así como un mecanismo que permitiera cuantificar aquellos que realizaran aportaciones en especie''.
Así se llegó a la revisión 113/2001, misma que obtuvo los siguientes resultados: ''Se informó a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades la falta de renovación de los fideicomisos y mandatos'', y se les dio a conocer la normatividad infringida.
Como resultado de esta revisión, al final del ejercicio 2001, ''de 201 fideicomisos, con un patrimonio de 100 mil 100 millones de pesos que no se habían renovado, quedaron pendientes de renovar 94, con un patrimonio de 24 mil 292 millones, en virtud de que las dependencias y entidades donde se coordinaba la operación de estos instrumentos o con cargo a cuyo presupuesto se otorgaron los recursos no remitieron la información que permitiera llevar a cabo la renovación''.
Entre los instrumentos de los que no se tuvo información oportuna destacaron, en 1998, el mandato a título gratuito del ''acuerdo para la asignación de un subsidio destinado a apoyar los ingenios azucareros, por un monto de 117 millones 132 mil pesos, el mandato 340 para subrogación de pasivos de Grupo Mexicano de Desarrollo y un fideicomiso de apoyo a casas de bolsa por 56 millones 500 mil pesos''.
Asimismo, se detectó que para ese año, ''no obstante que en la mayoría de los casos las características de los negocios administrados'' por Banobras eran ''claras para efecto del registro ante la Unidad de Política Presupuestal'', en algunos de ellos existía ''duda respecto de la naturaleza y alcances de la normatividad'' que les era aplicable en materia de adquisiciones de bienes, contratación de servicios y de obras, gestión presupuestaria, informes sobre el ejercicio del gasto y control de la información contable y financiera, así como designación del titular o responsable de cada fideicomiso o mandato''.
Entre esos instrumentos no registrados estaban algunos relacionados con la construcción o rehabilitación de carreteras como ejemplo de ello, el tramo Tecate-Mexicali, y también las quiebras de empresas como Arrendadora Financiera Havre, Factoring Havre, Aseguradora Havre, Arrendadora Pragma, Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, Siderúrgica Nacional, Fábrica de Motores y Maquinados Sidena.
Otro de los fideicomisos que no habían sido renovados violando la normatividad de la época era el correspondiente a la ''suscripción, administración y en su caso venta de acciones de Aerovías de México, Corporación Mexicana de Aviación y/o Cintra'', por un monto de 5 mil 560 millones 445 mil 802 pesos.
Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal manejaron tres fideicomisos por un monto de 9 millones 776 mil 414 pesos, sin que fueran reportados en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El mal manejo de los recursos públicos fue detectado, según la auditoría, hasta en instrumentos jurídicos que supuestamente se crearon para ayudar a habitantes de zonas afectadas por fenómenos naturales, como el ''Fideicomiso de inversión y fuente de pago para reparar los daños causados por el huracán Paulina'', al que se entregaron 990 millones de pesos, donde el personal de Hacienda no pudo constatar la aplicación real de los recursos.
En términos generales, la conclusión de las auditorías y revisiones es que si bien se aplicaron hasta 2001 las medidas administrativas propuestas desde 1998, para tener un mejor control de los fideicomisos, hasta el ejercicio fiscal de 2002 se detectaron manejos anómalos.
Se destaca que en 1998 exis-tían 890 instrumentos y para finales de 2001 la cifra había crecido a 995 fideicomisos y mandatos, que manejaban 390 mil 756 millones 78 mil 893 pesos. El número de contratos registrados estaba distribuido así: dos por ciento correspondió al sector de aportaciones de seguridad social, dos por ciento al sector educación y 70 por ciento al sector Hacienda, ''representando este último 80 por ciento de los recursos''.