Editorial
Acteal, una herida que no cierra
Ayer viernes se conmemoró un aniversario más, el noveno, de la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada por un grupo de paramilitares afín al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido desde que ocurrió este grave suceso, el 22 de diciembre de 1997, la masacre sigue siendo una herida que no ha podido cicatrizar debido a la impunidad en que permanecen los autores intelectuales de tan abominable acto y al fracaso de las autoridades estatales y federales para aplicar la justicia.
Hace nueve años, los paramilitares priístas abrieron fuego contra integrantes de la organización civil Las Abejas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. El ataque, realizado mientras los indígenas rezaban, dejó un saldo de 45 muertos, entre ellos 21 mujeres cuatro de ellas embarazadas y 15 niños, además de 17 heridos. La matanza provocó que unas 8 mil personas abandonaran sus hogares para instalarse en campamentos en la comunidad de Polhó ante el temor de ser agredidas por los paramilitares que siguen operando en la región: se trata, pues, de un grupo de desplazados (un apelativo dado en Colombia a los miles de refugiados civiles que huyen de la violencia), aunque en el caso mexicano su situación es prácticamente desconocida por la opinión pública y es ignorada por las autoridades de todos los niveles.
Aunque la matanza provocó conmoción tanto en México como en el extranjero, hasta el momento ni el gobierno de Chiapas ni el Ejecutivo federal han podido poner punto final al caso, el cual ha estado plagado de irregularidades y graves omisiones desde el inicio. La escena del crimen fue alterada deliberadamente por policías estatales, lo que derivó en la destrucción de pruebas cruciales. Asimismo, desde que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, la dependencia se ha negado a acusar a los detenidos por asociación delictuosa, lo que hubiera permitido consolidar la hipótesis de un ataque realizado por paramilitares y, por ende, señalar al Estado como posible responsable en los hechos.
Por otro lado, de las 124 personas encausadas 41 de ellas exoneradas ninguna es un alto funcionario. De hecho, de los 83 acusados del delito de homicidio, tan sólo 25 fueron condenados a 36 años de prisión, aunque abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas sostienen que muchos de los sentenciados son inocentes, por lo que solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; arrestos sin orden de detención, participantes en la masacre que fungieron como testigos de la PGR, testimonios de autores materiales confesos que exonerarían a muchos de los acusados, versiones contradictorias sobre el número de atacantes y la negativa de las autoridades judiciales a proporcionar abogados y traductores en las primeras etapas del proceso son sólo algunas de las irregularidades que han entorpecido este juicio.
Mientras tanto, 29 órdenes de aprehensión quedan todavía por cumplirse, entre ellas las del general retirado Jorge Gamboa Solís, ex coordinador de la policía estatal, y del ex director de la policía de Seguridad Pública de Chiapas, José Luis Rodríguez Orozco, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Y no sólo eso: los acusados de ser los autores materiales de este crimen fueron absueltos del pago de reparaciones al considerar que "el Ministerio Público y los ofendidos no demostraron debidamente la existencia del daño moral o material que causaron en los delitos cometidos". Es decir, para las víctimas, ni justicia ni indemnizaciones.
Estos factores permiten conjeturar que la situación de impunidad se debe más que nada a consideraciones políticas: el objetivo sería negar a toda costa un crimen de lesa humanidad perpetrado en el contexto de una guerra de baja intensidad contra el EZLN, rebajando esta masacre al nivel de un simple mal recuerdo.