Usted está aquí: miércoles 20 de diciembre de 2006 Estados Entregan pruebas de peculado contra la presidenta del Tribunal de Justicia de BCS

Piden a la Procuraduría del estado y al Legislativo realizar auditoría al organismo

Entregan pruebas de peculado contra la presidenta del Tribunal de Justicia de BCS

RAYMUNDO LEON CORRESPONSAL

La Paz, BCS, 19 de diciembre. El Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas de Delito AC entregó hoy a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos pruebas en contra de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Baja California Sur, Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández, acusada de peculado.

Entre las pruebas entregadas por el presidente del consejo, Jesús Arturo Rubio Ruiz, está un manuscrito anónimo que denuncia presuntas irregularidades en el manejo del fondo auxiliar del TSJE.

El documento, del cual se entregó una copia a los medios de comunicación, señala que el fondo está integrado con los recibos de caja de todas las consignaciones de los juzgados locales y algunos foráneos, así como fianzas, multas, rentas y remates.

Según la denuncia, el dinero es depositado en la cuenta 200780-2 de Banamex, de la cual se hacen retiros autorizados por Elizondo Hernández para gastos personales y del tribunal.

Los intereses que se obtienen de esta cuenta se depositan en otra, la 200803-2 (no se precisa la institución bancaria) y sirven para comprar vehículos y otorgar bonos y préstamos a magistrados y jueces, pero no al resto del personal.

Asimismo, el documento da a conocer otros números de cuenta de Bancomer, Banamex, HSBC y Serfin, algunas en dólares, en las que se detectaron presuntas irregularidades, como la compra de regalos, donaciones, adquisición de centenarios, pago de boletos de avión, hospedaje y comidas a los auditores del tribunal que viajan a la ciudad de México.

El titular del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas de Delito consideró que los señalamientos son muy precisos, por lo que solicitó a la Procuraduría de Justicia y al Congreso estatales realizar una auditoría al Tribunal Superior de Justicia.

''El fiscal me preguntó cuál era el interés del organismo que represento en este asunto y yo le he dicho que, directamente, ninguno, pero como ciudadano quiero saber qué se hace con esos recursos que son públicos", manifestó Rubio Ortiz.

 
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