El gobierno estatal otorgó derechos de explotación hasta por 50 años: accionistas
Denuncian en Michoacán cesión irregular de yacimientos mineros
Grupo México, Comercializadora Sago y particulares, entre los beneficiarios de la operación
Ampliar la imagen
Instalaciones de lo que fue Impulsora Minera en el municipio de Angangueo, cerradas en 1992
Foto: La Jornada Michoacán
Ampliar la imagen
Accionistas minoritarios de Impulsora Minera Angangueo se inconformaron porque, sin consultarlos, la empresa cedió a empresas y particulares la exploración y explotación de 19 minas
Foto: La Jornada Michoacán
Morelia, Mich., 19 de diciembre. Integrantes de la Unión de Accionistas Minoritarios de Impulsora Minera de Angangueo (Imasa), empresa de propiedad mayoritariamente estatal, denunciaron que, sin consultarlos, el gobierno cedió entre 2003 y 2006 los derechos de exploración y explotación de 19 yacimientos algunos hasta por 50 años a las compañías Industrial Minera México SA (IMMSA) y Comercializadora Sago Importación y Exportación SA, y a los particulares Eduardo Falcón Dávalos y Jorge Espino Maya y socios.
Estas concesiones se suman a las que en 1996 comprometió, en el último día de su mandato y también sin consultar a sus asociados, el entonces gobernador Ausencio Chávez Hernández por sólo millón y medio de pesos, mediante un contrato de concertación de acciones que firmó con el Grupo México (propietario de IMMSA) y que concretó en 1998 el gobernador, también priísta, Víctor Manuel Tinoco Rubí.
Estas denuncias, respaldadas con documentos de la Dirección General de Minas, dependencia del gobierno estatal (accionista mayoritario de Imasa) desmienten las declaraciones que el lunes hizo Gustavo Castillo Lavín, presidente del consejo de administración de la empresa, acerca de que después de 1998 no hubo más permisos de explotación.
Los documentos de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras informan detalladamente de los títulos de concesión expedidos en 2003, 2004, 2005 y 2006, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, a dos empresas mineras y dos particulares.
En una asamblea realizada el domingo pasado en Angangueo, la accionista minoritaria Juana María Reséndiz publicó los resultados de las investigaciones que sus compañeros ordenaron realizar sobre el destino de los bienes muebles e inmuebles (incluidos los fundos mineros) de la Impulsora Minera de Angangueo, SA (Imasa), empresa que se declaró en quiebra en 1992 sin que se les liquidara.
Al día siguiente, Castillo Lavín, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, retó a los socios a probar sus denuncias, por lo que éstos entregaron a La Jornada los documentos que detallan las 19 concesiones que se hicieron a Industrial Minera México (IMMSA), Comercializadora Sago y a Falcón Dávalos y Espino Maya.
Según los documentos, en agosto de 2003 se concesionaron a IMMSA los derechos de explotación, hasta 2053, de siete minas del lote Angangueo 7, desglosadas en las fracciones mineras A, B, C, D, E, F y G, equivalentes a 2 mil 865.757 hectáreas.
En agosto de 2004 se otorgaron a Jorge Espino Maya y socios los derechos de exploración y explotación de la mina La Estrella, de 200 hectáreas, en el municipio de Ocampo.
Ese año se cedieron, también a IMMSA, los derechos de exploración de las vetas Ampliación La Trinidad de Angangueo y el lote Angangueo 11, ubicado en San Felipe del Progreso, estado de México, equivalentes a 2 mil 938.465 hectáreas.
En 2005 Comercializadora Sago recibió el título de concesión, por seis años, de la mina Parakatá, ubicada en Angangueo, de mil 441.206 hectáreas. Grupo México recibió ese mismo año los títulos de concesión de los filones La Trinidad, de 214.730 hectáreas, hasta 2011, y los lotes Angangueo 8 y Angangueo 9, equivalentes a mil 731.727 hectáreas, que podrán explotar hasta 2055.
En 2006 Eduardo Falcón Dávalos recibió los títulos de concesión de las minas Cubano, Cubano 1, La Luz, El Cielo y Los Angeles, ubicadas en el municipio de Ocampo, equivalentes a 213.724 hectáreas.
El gobierno del estado no ha dado respuesta sobre la legalidad o ilegalidad de los contratos de concertación que firmó Ausencio Chávez en 1996, y que supuestamente se encuentran en revisión en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, a petición de los accionistas minoritarios de Imasa.
El descubrimiento de que en la actual administración se concesionaron minas de Angangueo agrega puntos al pliego petitorio de los accionistas minoritarios, que no fueron consultados por las administraciones priístas ni por la actual, surgida del PRD.