Ciencia y justicia
Ha ocurrido algo realmente importante. Por primera vez en la historia de nuestro país se ha concretado una asociación entre la ciencia y el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal han firmado convenios con dos organismos científicos: el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) de la Presidencia de la República y la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Por qué y para qué?
Tuve la oportunidad de asistir a la reunión en la que se suscribieron estos convenios. La razón principal fue descrita por el todavía presidente de la SCJN, Mariano Azuela. Muchos de los temas que tienen que resolver los magistrados poseen un componente científico y tecnológico. Sin entrar en detalles, puso como ejemplo la "píldora del día siguiente", que si bien se resolvió por otros cauces, ilustra la necesidad de establecer un vínculo entre la impartición de justicia y el conocimiento científico.
Los convenios no sólo abarcan temas coyunturales, en sí mismos importantes, sino la capacitación de los jueces para estar al día en los avances en ciencia y tecnología y así poder tomar decisiones. Esto representa un cambio, pues entre los argumentos para decidir sobre temas centrales para la nación, hay que considerar los elementos surgidos de la investigación científica. Con esto, en mi opinión, entramos a la era de la modernidad en la impartición de justicia en nuestro país.
Entre los asistentes al acto destacó la magistrada Olga Sánchez Cordero. Su sola presencia dio un valor adicional a la ceremonia, validando a su vez la trascendencia de los convenios.
El CCC es un órgano asesor de la Presidencia de la República y de otras entidades del gobierno. Está integrado por los científicos más destacados del país que por sus méritos han recibido el Premio Nacional de Ciencia y esto lo convierte en un organismo asesor del más alto nivel. Su relación con el Poder Judicial es altamente confiable, pues puede estar garantizada la calidad de sus estudios y recomendaciones.
El coordinador del CCC, Adolfo Martínez Palomo, uno de los investigadores más sobresalientes de México del que todos podemos sentirnos orgullosos, acaba de ser ratificado al frente del consejo, apoyado por todos sus colegas. Sin embargo, como suele suceder a personalidades de su nivel, no han faltado detractores.
De igual modo, la Academia Mexicana de Ciencias, integrada por investigadores muy prestigiados en todas las áreas del conocimiento, actualmente es presidida por Juan Pedro Laclette, y participará en el asesoramiento de jueces y magistrados en distintos campos del saber.
Estamos ante un hecho realmente importante. Se trata, por una parte, del reconocimiento que otorga el Poder Judicial al valor de la ciencia que se produce en México. Por otra, habla de la responsabilidad de los científicos que han decidido, desde hace muchos años, contribuir a la difusión del conocimiento para enfrentar los problemas nacionales, asesorando a los diferentes órganos del poder.
Este ejemplo debe extenderse a otros ámbitos, como el del Poder Legislativo, en el que ya se han dado numerosas experiencias, aunque todavía endebles, convocando a los científicos a reuniones sobre temas coyunturales, que han abordado en seminarios o conferencias, pero que pocas veces se han traducido en elaboración de leyes. La diversidad de posturas ideológicas aún impide que exista una base científica y técnica para la toma de decisiones en el Congreso.
Con el Poder Ejecutivo hubo en el pasado una relación inestable. El CCC ha generado estudios sobre muy diversos temas, como en el caso de los organismos genéticamente modificados o el empleo de células embrionarias en la investigación, que han tenido poca repercusión en las políticas públicas. Con el inicio de un nuevo gobierno tendrá que definirse la naturaleza de esta relación.
Puede decirse que ha comenzado a configurarse una asociación importante entre la ciencia y los poderes de la Unión, que debe desarrollarse y encontrar los cauces que beneficien tanto a esos poderes como a la ciencia. Todavía no sabemos cómo habrán de expresarse los contactos entre el Poder Judicial y los organismos científicos. Pero es innegable que el solo hecho de que ya se planteen estas relaciones, implica que existe un reconocimiento entre unos y otros, cuyos resultados, esperamos, sean en beneficio de México.