Deja el Ejecutivo en manos de la Asamblea Constituyente la solución al conflicto
Descartado, un acuerdo político entre gobierno y oposición en Bolivia
Sin consenso, el sistema de votación para aprobar la nueva Carta Magna del país
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Un campesino boliviano se dispone a trabajar sus cultivos de maíz en el asentamiento Pueblos Unidos, en el este de Bolivia. Se trata de uno de los complejos otorgados por el gobierno de Evo Morales a indígenas sin tierra para que tengan un lugar donde vivir y sembrar
Foto: Ap
La Paz, 17 de diciembre. El diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política en Bolivia se encuentra en punto muerto y todas las expectativas se concentran ahora en la Asamblea Constituyente, que reanudará sesiones a partir de este lunes.
Todos los intentos que se hacían para acercar a las partes fracasaron ante el anuncio del Ejecutivo de dejar en manos de la Asamblea Constituyente la solución del conflicto, al descartar cumbres políticas o la firma de un acuerdo con la intervención de mediadores.
La oposición buscaba un acuerdo para saldar la crisis, pero sigue aferrada a defender los dos tercios, (170 votos de 255), para la aprobación de todos los artículos de la nueva Carta Magna, y la inclusión de una autonomía plena para cuatro regiones de los llanos.
El partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que detenta la mayoría en el órgano constituyente, determinó que los artículos de la nueva Constitución sean aprobados sólo por mayoría absoluta (50 por ciento más uno de los votos), acción que desató la crisis política.
Representantes del sector del magisterio y autoridades gubernamentales de Bolivia rechazaron hoy los cabildos para exigir una autonomía plena para Santa Cruz, Pando Beni y Tarija.
De acuerdo con el secretario de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia, Porfirio Siles, es dictatorial la actitud asumida por los comités cívicos y prefectos (gobernadores) responsables de las protestas, que en algunos lugares motivaron actos violentos.
Por otro lado, se informó oficialmente que a partir de enero de 2007 la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos asumirá la comercialización de los carburantes en el país.