El proceso reciente no debe concluir como el de 1988: Javier Hernández
Acusa el PRD a consejeros electorales de impedir avances en transparencia
Luego de la aprobación por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de prorrogar el plazo para la destrucción de las boletas comiciales, el PRD acusó a los consejeros de sentar un precedente riesgoso para la transparencia al colocar un dique a los ciudadanos y negar el acceso a esos documentos. "No se puede terminar esta elección como concluyó la de 1988", resaltó.
La decisión que en la víspera adoptó la Comisión de Transparencia de negar la apertura de los paquetes electorales y considerar infundada esa petición desató un largo debate, en el cual sobresalió el silencio y que dos de los consejeros que posibilitaron dicha negativa Alejandra Latapí y Arturo Sánchez sólo presenciaran el encuentro.
Unicamente Marco Antonio Gómez Alcántar miembro de la comisión y la consejera Lourdes López quien no participa en esa comisión reivindicaron los razonamientos jurídicos. Insistieron en su negativa a reconocer las boletas como documentos públicos y, por ende, ser objeto del reglamento de transparencia.
Lourdes López consideró que se incurría en excesos "en el uso del lenguaje y en los propósitos de quienes demandan o quienes recurren a la aplicación de instrumentos previstos para dar garantías a los ciudadanos, y que podrían estar distorsionando la naturaleza de dichos instrumentos. Pareciera que se quiere hacer de la transparencia un mecanismo de persecución mediante el cual se pretenda juzgar repitiendo lo que ya hicieron los ciudadanos".
La respuesta inicial a esa aseveración la hizo Luciano Pascoe, de Alternativa, quien señaló que la democracia avanza de la mano de la transparencia. "No deberían verse la transparencia y la rendición de cuentas como actos persecutorios, como hurgar, como rascar en lo que es nuestro desempeño", apuntó.
A pesar de que los consejeros aprobaron por unanimidad dicha prórroga hasta que los recursos que ciudadanos pudieran interponer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "causen estado", eso no evitó las descalificaciones de todos los partidos que conformaron la coalición Por el Bien de Todos, aunque les valió el reconocimiento del resto de los partidos por la "sensibilidad" de la decisión.
Al comenzar el debate, el representante del PRD ante el organismo, Horacio Duarte, destacó que la determinación de aplazar la destrucción hasta que "cause estado" debería incluir la posibilidad de que esa decisión del IFE pudiera ser recurrida ante instancias internacionales ante las cuales México ha aceptado jurisdicción. Luego consideró que la resolución de la comisión violenta el espíritu del acceso a la información.
Más adelante cuestionó el argumento de que las boletas electorales no son documentos públicos: "me parece aberrante que sigan sosteniéndolo. Solamente diría que se leyera el artículo 401 del Código Penal, el cual establece qué son documentos públicos electorales, o el artículo 14 de la Ley General de Medios de Impugnación".
La consejera Lourdes López, secundado por Gómez Alcántar, refirió que, de acuerdo con el reglamento de transparencia, los documentos sólo son expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas.
A su vez, el consejero Virgilio Andrade consideró válida la posibilidad de que si hubiera un recurso internacional y, en su caso, se dictara alguna suspensión preventiva, se acataría. En su momento, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que la prórroga mencionada permitía ofrecer las garantías necesarias a los ciudadanos para que agotaran los recursos legales.
En su oportunidad, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa destacaron la importancia del aplazamiento, pero sólo Alternativa se pronunció por la necesidad de la apertura, para disipar las dudas sobre el papel del IFE.
Sin embargo, PRD, PT y Convergencia cuestionaron la decisión del IFE equiparando los efectos de negar el acceso a esa información con la secuela de los comicios de 1988.
El representante perredista del Poder Legislativo, Javier Hernández, dijo que si bien legalmente ya no tiene ningún efecto, "no podemos terminar esta elección como la de 1988. Si lo que queremos es corregir y perfeccionar nuestra democracia, pues ahí están los documentos y qué instituciones tienen acceso para investigarlos y corregir".
A su vez, Elías Cárdenas señaló: "respetemos la historia, dejemos constancia para que el tribunal del tiempo emita una sentencia más perdurable y fidedigna. Recordemos que no se borra el antecedente de las elecciones presidenciales de 1988, en las que fueron destruidos los paquetes en la propia Cámara de Diputados. No incurramos nuevamente en dejar cerrado un caso, sino dejémoslo abierto para la historia de este país, que juzgará definitivamente".