Descarta solicitar la remoción del gobernador; esos tiempos ya pasaron, argumenta
Ulises Ruiz pidió trasladar a los detenidos a otros estados, asegura Ramírez Acuña
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Francisco Ramírez Acuña tuvo su primera reunión con la prensa como secretario de Gobernación
Foto: José Antonio López
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Ramírez Acuña, aseguró que el traslado de 141 detenidos de Oaxaca a un penal federal de mediana seguridad en Nayarit (tras un operativo de la Policía Federal Preventiva el pasado 25 de noviembre) fue "legal" y obedeció a una solicitud expresa del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
En su primera conferencia de prensa como responsable de la política interna del país, el funcionario reiteró los argumentos emitidos por la administración foxista en el sentido de que no pedirá al mandatario priísta su renuncia, aun cuando dijo que el conflicto en aquella entidad constituye un "foco rojo" y un asunto prioritario.
"Nunca pediré a un gobernador que se retire del cargo. El tiempo en que el secretario de Gobernación les pedía o los sentaba en el banquillo de los acusados a los gobernadores ha pasado a la historia", dijo.
La exigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue canalizada, una vez más, a las "vías institucionales" como el Senado, donde Gobernación se ofreció a servir de "puente", señalaron fuentes consultadas.
Horas después de la rueda de prensa, la comisión única de diálogo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Abraham González Uyeda, redactaron una minuta en la cual establecen, entre otros puntos, que sólo procederá el traslado de los detenidos con la solicitud expresa de los propios inculpados y sus familiares.
Lo anterior, a fin de que no se adjudique al gobernador Ruiz este proceso y, sobre todo, ante los temores de que los detenidos reciban "más torturas y maltratos" a su retorno a los penales de Oaxaca.
Ruiz Ortiz solicitó a la Federación el envío de 141 personas a un penal federal (apenas 18 horas después de la aprehensión colectiva en la capital oaxaqueña), sin que mediara para ello dictamen de criminalística y grado de peligrosidad, y después, con el argumento de petición expresa de familiares, solicitó, también al gobierno federal, la devolución de los presos.
Del caso particular de Flavio Sosa, uno de los dirigentes más visibles de la APPO, se acordó que el equipo jurídico del movimiento y de Gobernación establezcan vínculos para dar seguimiento al caso.
Las fuentes consultadas presentes en el encuentro que se prolongó más de cuatro horas informaron que el funcionario pidió a la comisión de la APPO (asistieron siete de los diez programados) una valoración respecto de la actuación de la PFP, presente en la capital oaxaqueña desde el pasado 29 de octubre.
La APPO propuso, como lo hizo en la administración pasada, que una autoridad federal tome el mando de las policías estatal y municipal de Oaxaca y se destituya a los principales funcionarios de seguridad y procuración de justicia del gobernador.
"Nosotros le manifestamos (al subsecretario) que la presencia de la PFP es símbolo de que no hay gobernabilidad ni reconciliación y que, en los hechos, esas fuerzas federales, por sí mismas, sólo pretenden fortalecer a Ulises Ruiz", agregaron.
Del acuerdo preliminar entre ambas partes el primero en lo que va del sexenio se desprende que Gobernación será respetuosa de las movilizaciones de la APPO, programadas para lo que resta del año, siempre que éstas se realicen en orden.
En el encuentro, la APPO insistió en que este movimiento "no está acabado" y pidieron a Gobernación dar "una correcta lectura de este movimiento social, el cual sigue firme, superando los impactos por los actos de terror". La siguiente reunión APPO-SG está programada para el jueves entrante.
Ramírez Acuña rechaza mano dura
En la conferencia de prensa, Ramírez Acuña mantuvo un discurso con el que trató de refutar la imagen que en diversos sectores tienen de él, respecto de su "mano dura", en particular sobre su gestión como gobernador de Jalisco, especialmente el 28 de mayo de 2004 cuando fueron arrestadas más de cien personas, de las cuales, decenas afirmaron haber sido víctimas de tortura.
En Jalisco aseveró Ramírez Acuña no hubo tortura ni persecución.
¿Fue bueno su actuar en Jalisco?
Pregúntele a los jaliscienses.
Usted, ¿cómo lo considera?
Halago en boca propia es vituperio dijo.
En este mismo tono, de intento de conciliación, hizo un reconocimiento público al PRD, partido con el que ha mantenido contactos con diversos personajes cuyos nombres se reservó.
"Evidentemente le reconocemos su valía y su fortaleza al PRD; quienes votaron por el PRD en las elecciones del 2 de julio son un grupo importante de mexicanos que requieren de la atención y de la visión del propio Presidente de la República."
Sobre el caso Oaxaca destacó que ahí los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están funcionando, por lo que no se meterán en la autonomía de esa ni de ninguna entidad.
El titular de Gobernación dijo que en su labor agotará todos los mecanismos de diálogo disponibles, aunque dejó abierta la posibilidad de utilizar la fuerza del Estado cuando así lo considere necesario: "estaremos aplicando las acciones correspondientes para prever y proteger al resto de los ciudadanos cuando haya agresiones de otra naturaleza", advirtió.