Editorial
Michoacán: resultados previsibles
La "Operación Conjunta Michoacán", un espectacular despliegue de fuerzas militares y policiales en esa entidad con los propósitos declarados de erradicar plantaciones de enervantes, combatir el narcotráfico en carreteras, ejecutar cateos y órdenes de aprehensión pendientes, desmantelar puntos de venta de drogas y, en general, "recuperar los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado", es, en el mejor de los casos, una redición, ampliada y mejorada, de los operativos denominados "México seguro" que se realizaron en el sexenio pasado en varios puntos del país, pero constituye una respuesta insuficiente, superficial y de efectos pasajeros a la intensa actividad delictiva que se registra en tierras michoacanas.
El control por parte de la delincuencia organizada de regiones enteras del territorio nacional, es un fenómeno complejo, cuyas raíces deben buscarse, en primer lugar, en el colapso social desempleo, marginación, carencias educativas y de salud, desarticulación de los vínculos humanos, migración generado por las políticas económicas todavía en vigor. A ese escenario debe agregarse la descomposición de las instituciones provocada por sucesivos gobiernos que, durante más de dos décadas, han puesto el manejo de los asuntos públicos al servicio de los intereses de un pequeño grupo político-empresarial, han sido los primeros en quebrantar las disposiciones constitucionales y las leyes y han propiciado, con ello, en sectores de la población, un retroceso de la cultura cívica y un avance del cinismo. Por lo que hace al narcotráfico, su capacidad de generar ganancias astronómicas reside, precisamente, en su condición de negocio ilegal: el principal valor agregado de las drogas ilícitas es su cultivo, fabricación, transporte y distribución en condiciones de clandestinidad. En otros términos, si no se persiguiera la producción y el comercio de mariguana, cocaína o metanfetaminas, el precio de tales mercancías no sería superior al del té, el bicarbonato o las aspirinas y no existirían, en consecuencia, cárteles capaces de financiar ejércitos privados, corromper policías y altos funcionarios y hacerse del control de pueblos, ciudades y regiones.
En tales circunstancias, exhibiciones de fuerza como la "Operación Conjunta Michoacán" tal vez logren transmitir una imagen de firmeza por parte del nuevo gobierno y ser exitosas, en esa medida, como actos de relaciones públicas algo así como el recorte de 10 por ciento en los salarios de los altos funcionarios federales, pero sus efectos perdurables serán, necesariamente, irrelevantes. Es posible que el despliegue de soldados, marinos, policías de todas las corporaciones imaginables, aviones, helicópteros, buques de guerra y equipos de tecnología avanzada consigan inhibir por un tiempo el que dure la presencia de las fuerzas del orden a la delincuencia organizada que ha sentado sus reales en Michoacán. Puede ser, incluso, que los grupos criminales opten por desplazarse, a la espera de mejores tiempos, a otros puntos del territorio nacional; ese "efecto cucaracha" mueve la delincuencia por el mapa nacional, pero no la erradica.
En todo caso, para garantizar de manera efectiva la seguridad ciudadana y la vigencia del estado de derecho sería necesario empezar por la solución local de los problemas sociales ya mencionados falta de empleo, marginación, desintegración, educación deficientísima, hambre a secas y por un saneamiento de cuerpos policiales en los que impera una corrupción proverbial, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), o que han sido desvirtuados por su empleo como fuerza represiva de descontentos sociales, como es el caso de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ante la falta de una percepción gubernamental de los factores legales, económicos sociales e institucionales que propician la delincuencia, el poder público opta por enviar al Ejército y a la policía a combatir síntomas, no enfermedades. Pero en la circunstancia actual, para que esos despliegues lograran incidir positivamente en la restauración de la seguridad pública y la erradicación de la delincuencia tendrían que ser permanentes y extenderse a todo el territorio nacional, dos condiciones por demás irrealizables, a menos que se destinara la totalidad del presupuesto a las instituciones militares y policiales. Sin llegar a tal extremo, resulta absurda la pretensión de acabar con la delincuencia o de disminuirla en forma significativa con vistosas incursiones temporales a las regiones afectadas.