El aumento logrado del presupuesto para prevención, aprobado para este año que culmina, abre la posibilidad de iniciar una nueva etapa en el combate a la epidemia del VIH. Más allá de las críticas que se puedan hacer a la manera como fueron asignados y dirigidos esos recursos, conviene subrayar la oportunidad que nos brindan de lograr reactivar las acciones de prevención.

La urgencia de lograr el acceso a los medicamentos antirretrovirales para todas las personas con VIH/sida que lo necesitaran, opacó y colocó en segundo plano las estrategias y los programas de prevención, de tal manera que el presupuesto destinado a la prevención se estancó mientras el de atención se multiplicó por más de mil. Este desequilibrio comenzó a enderezarse con los 104 millones de pesos aprobados el año pasado por la Cámara de Diputados para la prevención del VIH, lo que permitió a las organizaciones civiles echar a andar múltiples acciones de prevención en diversas comunidades. Para el año entrante, la cantidad necesaria para continuar estos esfuerzos se ha fijado en 190 millones de pesos para ser ejercidos por el Censida.

Buena parte de estos recursos deben servir para potenciar el trabajo de las organizaciones civiles. Está probado que sólo a través de la movilización comunitaria es posible alcanzar a las poblaciones donde se concentra la epidemia. Pero también debe servir para revisar lo que hasta ahora se ha hecho en el terreno de la prevención, seleccionar lo que se ha probado como eficaz, lo que funciona en determinados contextos y echarlo a andar a gran escala, de una manera planeada, coordinada y con metas claras que puedan ser evaluadas. De lo contrario, continuar haciendo lo mismo que se ha venido haciendo, sin saber la verdadera eficacia del trabajo, con mucha voluntad pero poca capacitación, significará desperdiciar esta oportunidad de encaminarnos verdaderamente a alcanzar la meta de contener esta epidemia en nuestro país para el año 2015.