Del pacto de Huatulco a la dictadura
Apenas 20 días después de las cuestionadas elecciones federales, Felipe Calderón se reunió en Huatulco con Ulises Ruiz en un encuentro que podemos leer como el amarre de una alianza entre el PRI y el PAN para sostener la gobernatura de uno y la entrada a la Presidencia del otro. La alianza ha sido estratégica e incondicional en los momentos más críticos para ambos, por lo que se desprende que el ruiderío provocado por declaraciones de panistas cuestionando a Ruiz o de priístas fintando inasistencia a la toma presidencial, no fueron más que una cortina de humo, un show para no perder simpatías de sus correligionarios. Al final, en el momento en que los panistas podían votar por la desaparición de poderes en Oaxaca, optaron por sostener al gobierno del priísta, y cuando la situación social se le escapaba de control al gobernador, las fuerzas policiacas y militares fueron enviadas para sostenerlo e intentar acabar con el movimiento popular. Del mismo modo, los priístas acudieron a la toma de protesta de Calderón sin chistar. Así, en la misma fecha que el panista se convertía en presidente, el priísta cumplía dos años en el poder y desde ese instante, de darse un interinato en Oaxaca, ya no tendría que convocarse a elecciones, como señala la Constitución estatal.
Sin embargo, esta alianza visible entre Ruiz y Calderón significó para el país la entrada a un régimen de excepción. Más allá de si Calderón ganó o perdió las elecciones, lo cierto es que en aras de obtener el apoyo del PRI, el gobierno federal junto con el gobierno oaxaqueño han generado un estado de sitio en Oaxaca. ¿Acaso es propio de un régimen demócratico asesinar, hacer desapariciones forzadas, apresar por causas políticas a los ciudadanos, coartar la libertad de expresión, torturar?
Reto a cualquier periodista, intelectual o político profesional de los que hoy cantan loas a la "democracia mexicana" a que me digan que esos hechos pueden formar parte de un orden democrático. Además, parece absurdo tener que recordar que Oaxaca es parte de México, que no es un país aislado donde gobierna solo Ulises Ruiz con sus pistoleros, que forma parte de la Federación y tanto el Senado de la República, como el Ejecutivo, representado antes en Vicente Fox y hoy en Felipe Calderón, han sostenido un clima propio de una dictadura política en la entidad sureña. El operativo del 25 noviembre no fue un enfrentamiento provocado por la marcha de la APPO, insisto, fue un operativo perfectamente articulado por el poder federal y estatal, o ¿cómo puede interpretarse el hecho de que la señal de todas las radios, incluidas las comerciales, fuesen interferidas durante los enfrentamientos entre las fuerzas represivas y el pueblo, o el que diversos blogs críticos fuesen bloqueados esa misma tarde? Por lo demás, fue claro para todos cómo actuaron coordinadamente los elementos de la PFP y los escuadrones de la muerte vestidos de civil, así como la policía ministerial. Ahí se cayeron todas las máscaras, el juego mediático del policía bueno y el malo se vino abajo; desde la ocupación de la PFP, Oaxaca ha vivido una agresión sistemática contra el movimiento popular por parte de las fuerzas federales, sin que se haya dado ninguna detención de paramilitares ni de funcionarios corruptos del gobierno de Ruiz.
El premio para el operador de la represión, Eduardo Medina Mora, ha sido postularlo procurador general de la República. Al menos hasta la votación del cargo, se prolonga la alianza entre Calderón y Ulises, pues a pesar de que el priísta no puede tener sino agradecimientos por haberlo apuntalado y protegido, ya sabemos que el voto del PRI en el Senado para ratificar al procurador es ahora otra moneda de cambio que se puede utilizar para seguir obteniendo favores de la Federación, y ésa será la tónica de un sexenio que el PRI va a vender caros sus votos en el Congreso.
Los discursos falsos y ridículos en que Fox o Calderón machacaban su preocupación por la niñez oaxaqueña, que estaba secuestrada según ellos por el conflicto magisterial, se viene abajo de la forma más dolorosa cuando el 30 de noviembre la PFP entra a aprehender profesores a las mismas aulas, frente a niños de kínder, primaria o secundaria, que miran aterrados la irrupción de comandos armados en sus salones. La inconstitucionalidad del acto se suma a la torpeza política que ha vuelto a meter de lleno al magisterio al conflicto.
Una dictadura a la mexicana se manifiesta en suelo oaxaqueño de forma incuestionable, pero al trasladar a 150 presos políticos desde Oaxaca a una prisión de Nayarit se demuestra físicamente el carácter nacional y no regional de este orden autoritario. Todo mexicano pensante y digno debiera manifestarse, escribir, alzar la voz contra este amague dictatorial que el PRI y el PAN han impulsado desde Oaxaca. La violación sistemática de los derechos consagrados en la Constitución en un estado del país señala que lo mismo puede suceder en cualquier otra región contra cualquier ciudadano. Cuando se ha instalado como normal una política violatoria de las garantías individuales en una región que concentra casi 20 por ciento de los municipios de nuestra geografía, y cuando uno de los operadores visibles de la implementación de ese golpe a la normalidad democrática, lejos de ser castigado, recibe altas encomiendas por parte del cuestionado Ejecutivo que recién se instala en la silla presidencial, pensamos que hay un embate violento contra las instituciones y la Carta Magna, por parte de quienes detentan el poder político en México.