Se busca sustituto
La tarea más importante de la sociedad mexicana en los próximos años será encontrar un sustituto, no para algún funcionario en particular, sino para el régimen político en su conjunto. Los espectáculos que hemos visto en los últimos meses, tragicómicos, como la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios del PAN y el PRD (en ese orden), o trágicos, como las multitudes reprimidas en Oaxaca por la Policía Federal Preventiva, y asesinadas por francotiradores oficialistas, y, por si esto fuera poco, los atroces asesinatos del crimen organizado en un número cada vez mayor de entidades de la Federación, no son sino la proclama de algo evidente: el viejo régimen político mexicano ya se terminó y urge encontrarle un sustituto, antes que en su inexorable degradación nos arrastre a todos.
El ahora viejo régimen político mexicano, que fuera materia codiciada de investigación por analistas nacionales y extranjeros, se sustentó sobre una Presidencia omnipotente que todo lo decidía y un partido político que todo lo controlaba. Pero hoy ya no puede mantenerse igual, cuando para todos es claro que será poco lo que el presidente declarado electo pueda hacer por su cuestionada legitimidad, y cuando el partido entonces dominante tiene que resignarse con gobernar desde la tercera fila. Mal harían los nuevos gobernantes si cometieran el mismo error de Fox, quien teniendo toda la legitimidad al inicio de su sexenio no fue capaz de impulsar la tan demandada reforma del Estado. Por el contrario, prefirió utilizar las viejas instituciones y los viejos métodos del antiguo régimen, al que terminó no solamente pareciéndosele, sino siendo parte del mismo.
Un viraje en las alianzas del nuevo gobierno es ciertamente necesario, aunque desafortunadamente poco probable. Si Fox cometió el error de evitar toda ocasión de ruptura con el PRI, antes de reformar el régimen, Calderón puede cometer un error similar, al mantener a toda costa su alianza parlamentaria con ese partido, aunque ello signifique avalar a gobernadores represores y violadores de los derechos humanos, reforzando con ello una tendencia aterradora: la del fortalecimiento del autoritarismo de los gobernantes estatales, frente a la creciente pérdida de poder de la Federación.
Una tendencia así no es descentralizadora. Para que lo fuera se requiere fortalecer las democracias locales y redistribuir atribuciones y recursos entre los distintos niveles de gobierno. Esto es: una verdadera reforma del Estado.
Por nuestra parte, también nos equivocaríamos si pensáramos que bastaría con la reforma del régimen político para resolver nuestros problemas. Si el viejo autoritarismo se mantuvo durante tantos años fue porque descansó sobre el llamado "milagro mexicano", sobre el crecimiento sostenido de la economía, que por la migración del campo a la ciudad dio lugar a la movilidad social durante varias décadas. Pero hoy, cuando ese modelo se agotó, y cuando las promesas neoliberales de crecimiento basado en ahorro y mercados externos ya no entusiasman a nadie en ningún país de América Latina, más neoliberalismo y más vida artificial al antiguo régimen sólo alimentarían el círculo perverso de degradación en el que estamos inmersos.
Por ello urge buscar sustitutos, un nuevo régimen político democrático y un nuevo modelo de desarrollo incluyente, que paulatinamente vayan generando la estabilidad y bienestar que reclama nuestro pueblo. No podríamos confiar nuestras esperanzas sólo en el cambio de actitud de los principales actores políticos, paralizados unos por el temor que genera la avaricia del poder, frenados los otros por estar atrapados entre la marginación y la acción irreflexiva.
Urge cambiar los términos, aunque sólo desde el poder esto resulta imposible. Es hora de que la sociedad retome en sus propias manos su destino. El espacio construido en el primer Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y Civiles, que se realizó el pasado 28 de noviembre, y en el que participaron organismos sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, el Consejo de Organizaciones Rurales y Pesqueras y la Coalición Ciudadana Nacional, que agrupan a su vez a decenas de organizaciones, es por ello un signo esperanzador.
En él acordaron avanzar de manera conjunta, en una misma política de alianzas, movilizaciones y elaboración de propuestas, en orden a impulsar un plan conjunto que se sintetiza en cinco ejes: i) reforma electoral; ii) reforma del régimen político; iii) reforma social de la economía; iv) reforma de la política social; v) reformas para la equidad, todas las cuales tienen como sustento explícito los derechos humanos integrales.
Anunciaron, además, que están en proceso de suscribir un convenio con el Frente Amplio Progresista, no para su incorporación en él, sino para trabajar con él este programa de reformas. En unos meses este encuentro dará lugar a la convención sindical, campesina y civil.