La violencia generada por el narcotráfico no ha podido ser erradicada
Retrocedió la procuración de justicia pese a las promesas de Vicente Fox
En materia de procuración de justicia, durante el sexenio de Vicente Fox ninguna de las promesas que hizo durante su toma de posesión fue cumplida. Aún más, parte de los avances para modernizar y ampliar la capacidad instalada de la Procuraduría General de la República (PGR) para el combate al narcotráfico, han sido desmantelados en los meses recientes, y muestra de ello es la desaparición de la base aérea de El Caracol en Guerrero, y la disminución operativa de la flota aérea al pasar de 65 a menos de 40 por ciento.
Además, el gobierno federal se propuso una "estrategia general para dar combate frontal e integral al problema" del narcotráfico, y "establecer instrumentos de medición que permitan una vigilancia minuciosa de la transformación de este comportamiento que a su vez genere la posibilidad de poner en marcha mecanismos de atención inmediata, a fin de abatir o neutralizar sus efectos".
Pero, al cierre de este gobierno, suman más de mil ejecuciones tan sólo en este año, y datos del gobierno federal estiman que el crecimiento del consumo de drogas en México ha sido 20 por ciento anual, mientras entidades que registraban pocos actos de violencia ligada al narcotráfico, ahora son los principales centros de distribución y de disputa entre organizaciones delictivas, como en Guerrero y Michoacán.
Asimismo, en la actualidad se cultiva mariguana y amapola donde antes no se hacía, y durante esta administración, los cárteles lograron unificarse en dos grandes bloques; sin embargo, se presume de la captura de 15 líderes de organizaciones como Sinaloa, Juárez, Golfo y Arellano Félix.
Al asumir el cargo Vicente Fox afirmó que "los grandes corruptos del pasado y presente" rendirían cuentas, pero en los casos Amigos de Fox y Pemexgate, nadie fue sentenciado.
Inclusive, en el caso Amigos de Fox nadie fue llevado a los tribunales por delitos electorales o lavado de dinero, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició averiguaciones previas por ambos delitos, y de que la ex titular de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, María de la Luz Núñez Camacho, reconoció en julio de 2004 que la campaña del entonces candidato panista a la Presidencia, Vicente Fox, sí había recibido recursos del exterior.
En cambio, se ejercitó acción penal en contra del ex director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, por haber sustraído ilegalmente de esa institución documentos relacionados con Amigos de Fox y con ellos tratar, supuestamente, chantajear a involucrados en el caso (como Lino Korrodi y Carlota Robinson, operadores financieros de la asociación civil Amigos de Fox).
Fernández enfrentó un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violación del secreto bancario.
Otro de los elementos de investigación que no prosperaron y del que dio cuenta en exclusiva La Jornada, es la denuncia que en contra de Juan Pablo Fox Quesada realizó el First National Bank, según la cual el hermano del entonces presidente electo había utilizado una cuenta de esa entidad estadunidense para triangular fondos a la campaña de Vicente Fox.
Juan Pablo Fox fue acusado ante la PGR de haber cometido el delito de fraude, pero no prosperó la indagatoria debido a que sus abogados llegaron a un arreglo con el banco estadunidense y saldaron el crédito de cien mil dólares que le habían otorgado, con los cuales se abrió la cuenta que supuestamente sirvió para transferir recursos del extranjero a la campaña de su hermano.
Por lo que hace al llamado Pemexgate caso del que La Jornada dio a conocer como primicia en enero de 2002, la PGR inició en diciembre de 2001 la indagatoria de lo que se consideró el caso de corrupción política más grande que se había descubierto y documentado en la historia del país.
El entonces titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio Terrazas, aseguró que caerían "peces gordos", en alusión al ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, y otros funcionarios de la paraestatal, así como los legisladores y líderes del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, así como también dirigentes del PRI.
En ningún caso se llegó a sentencias condenatorias por la entrega ilegal de más de mil millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero y su posterior transferencia a la campaña presidencial de 2000 del priísta Francisco Labastida Ochoa.
En su toma de posesión, Vicente Fox se comprometió a que durante su mandato se protegerían los derechos humanos. En la PGR oficialmente se reconoce que elementos federales se encuentran sujetos a investigación por su involucramiento en desapariciones forzadas y homicidios dolosos en contra de detenidos. Entre los casos más relevantes se encuentran los de Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, detenidos por la Policía Judicial Federal en Colima el 30 de junio de 200l; sin embargo, en la información obtenida por este diario mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la dependencia reconoce que inició investigaciones por 33 casos de desaparición en los que está involucrado personal de la PGR.
Fox Quesada indicó ante el pleno del Congreso de la Unión el primero de diciembre de 2000 que no se usarían los órganos de seguridad para disuadir a los críticos de su gobierno o para neutralizar a sus opositores.
El caso del predio El Encino y el pretendido desafuero de Andrés Manuel López Obrador demostraron lo contrario.
Asimismo, afirmó que se investigaría lo que no había sido resuelto y se abriría lo que había permanecido cerrado respecto de episodios sensibles de la historia reciente, en alusión a la llamada guerra sucia.
Se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero en ninguno de los 19 procesos penales que se abrieron se ha sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad o genocidio a los presuntos responsables, y en casos como el 10 de junio de 1971 y 2 de octubre de 1968, el Poder Judicial de la Federación determinó que los delitos ya habían prescrito.
Por otra parte, durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha, la PGR transformó la temida Policía Judicial Federal en Agencia Federal de Investigación (AFI), y se afirmaba hasta 2003 que se había constituido una corporación que dejaba atrás los vicios de su antecesora, como eran la tortura, la corrupción, el involucramiento de agentes en actos delictivos, y que se contaría con una policía que actuaría con base en labores de inteligencia y con una alta capacitación: la realidad se encargó de derrumbar los buenos deseos.