Analizan indígenas el estado de la crisis en la entidad
Oaxaca representa la caída del neoliberalismo
El trasvase de presos, acción contrainsurgente, señalan
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Ayuno de simpatizantes de la APPO, ayer frente a la Catedral Metropolitana, en protesta por la represión en Oaxaca
Foto: Yazmín Ortega Cortés
Oaxaca, Oax., 28 de noviembre. El conflicto de Oaxaca ha desembocado en una profunda crisis de derechos humanos con expresiones flagrantes de violaciones a garantías individuales, como el elemental derecho a la defensa, la libertad de expresión o manifestación, advirtió la Red de Derechos Humanos estatal que reportó que desde el pasado 14 de junio se tienen contabilizados 307 detenidos.
En el marco del Foro Estatal de Pueblos Indígenas, Miguel Alvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Semapar) aseveró que a partir del sábado hubo un drástico cambio en la estrategia gubernamental. El traslado de presos a Nayarit solo evidencia que, en el contexto de la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, se han comenzado a instrumentar "prácticas de contrainsurgencia" para desactivar la dirigencia del movimiento social.
Marcos Leyva, de la organización Educa, manifestó que más allá de que el reclamo de la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura signifique, en el plano político, el colapso del sistema caciquil, lo que muestra el conflicto en Oaxaca es el fracaso del modelo neoliberal. En los hechos, la problemática del estado es la expresión de la inviabilidad de este modelo en uno de los estados con mayor marginación social del país.
En breve intervención, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, señaló que "un caminar en búsqueda de una Oaxaca mejor no está libre de sufrimientos, como todo nacimiento, que está asociado al dolor. Oaxaca y México no pueden construirse sin la inclusión de todos y es claro que las comunidades indígenas tienen el reto y la demanda de participar con sus valores para la construcción de un mundo nuevo".
El foro, programado desde hace semanas para este martes y miércoles, se lleva a cabo, dijo Adelfo Regino, uno de los organizadores, a pesar de las presiones gubernamentales para que sea cancelado por la coyuntura. Subrayó que desde el gobierno se ha tratado de boicotearlo mediante retenes para impedir que la gente saliera de sus comunidades, a pesar de lo cual se logró una asistencia de 400 delegados.
Como parte de los trabajos del foro, representantes de comunidades indígenas reivindicaron el reclamo de sus pueblos de una paz con dignidad en la entidad, del cese a la represión que se ha desatado en el estado y las agresiones a las comunidades en esta coyuntura.
El antropólogo Gilberto López y Rivas cuestionó el traslado de detenidos fuera del estado porque es una acción de gobierno tendiente a castigar la "insurgencia cívica en la entidad". Destacó que la clave del conflicto de Oaxaca es la reivindicación de los pueblos indígenas de su derecho a la autonomía basada en la participación comunitaria. Dijo que las comunidades indígenas representan quizá al único sector social que realmente tiene claro hacia dónde quiere ir. La claridad que se tiene de avanzar hacia la organización de dichas comunidades es lo que ha causado temor en el gobierno porque ve en la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca una organización con otras concepciones de vida, por lo que se ha recurrido a la represión como respuesta.
La secretaria técnica de la Red de Derechos Humanos, Sara Méndez, señaló que el conflicto social ha traído a la entidad el uso excesivo de la fuerza, la utilización de gases lacrimógenos y lanzagrandas, "instrumentos de guerra no conocidos en la entidad". Ello sólo ha favorecido una escalada de violencia acompañada de un repunte en la violación de los derechos humanos en que, asociada a la situación que ya se vivía, han precipitado la crisis en este renglón.
Alertó que el traslado de presos fuera de Oaxaca hace temer por su estado de salud e incluso por la integridad sexual de las aprehendidas. Subrayó que tras los hechos violentos del sábado se han desatado una serie de detenciones ilegales por cuerpos parapoliciacos "y ojalá no se llegue a la conformación de cuerpos paramilitares".
Alvarez quien fue el secretario técnico de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación que funcionó en Chiapas destacó la dualidad existente en la coyuntura oaxaqueña, donde el gobierno quiere enfrentar con viejos instrumentos jurídicos y de seguridad a un nuevo fenómeno de organización social que reclama derechos en un contexto de agotamiento de un modelo económico y político nacional, pero con mayor agudeza.
El paso de la estrategia de contención a la de patrullajes evidencia una modificación en la visión gubernamental del conflicto que se da en el contexto del cambio de gobierno. Se le considera ahora como asunto en que deben operar estrategias de contrainsurgencia, por lo que el conflicto ha entrado en una etapa que reclama de la APPO una adecuación en su estrategia de lucha frente al cambio en la Secretaría de Gobernación.
Leyva identificó la crisis del modelo neoliberal como trasfondo del conflicto oaxaqueño, frente a lo cual se están organizando las comunidades indígenas, desplazadas de este modelo económico para reivindicar sus derechos.
Pese a los agravios, de las detenciones ilegales y de la indignación y enojo que esto causa en las comunidades, parece claro que el mayor temor que tiene el gobierno no es a una reacción de enojo de éstas, sino a sus nuevos esquemas de organización que son, sin duda, esperanza de una nueva vida futura.