Crecientes acusaciones de excesos desde la llegada de la PFP a la entidad, asegura
Denuncia Limeddh desaparición y abusos policiales contra 54 mujeres en Oaxaca
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) emitió ayer una acción urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual denuncia la desaparición de 13 mujeres y la detención de otras 41, en el operativo violento del 25 de noviembre pasado en Oaxaca, además de que "ellas han denunciado sistemáticos abusos policiacos".
Con esa acción urgente, dirigida también al presidente Vicente Fox, y al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, la Limeddh subraya que desde la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca, el 29 de octubre pasado, "según (esto) para restablecer el orden y el libre tránsito en la ciudad, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no han cesado de incrementarse. Gran parte de las víctimas de esos repetitivos y sistemáticos abusos policiacos son mujeres, las cuales, son más fáciles de hostigar y violentar".
Sostiene la Limeddh que, a partir de las denuncias de las mujeres y de la documentación de casos específicos, "podemos denunciar que una vez más se está implementando la tortura como vía de control y de represalia hacia las personas detenidas. Las mujeres han sido objeto de violencia sexual, de insultos obscenos y amenazas de tipo sexual por los agentes federales, mientras transitaban por el centro de la ciudad".
La Limeddh, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y más de un centenar de organizaciones civiles, sociales y de defensa de los derechos humanos condenan toda acción contra las mujeres "y recordamos la obligación de las autoridades de actuar ante actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que tienen la obligación de iniciar investigaciones imparciales e independientes de las denuncias de tortura y malos tratos".
Esas organizaciones civiles demandan que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de las mujeres detenidas y presentes en la ciudad de Oaxaca.
Por su parte, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y la Arquidiócesis de Oaxaca Antequera, denunció que la camioneta del sacerdote Carlos Franco Pérez fue baleada cuando estaba estacionada frente a la iglesia en el centro de Oaxaca. Minutos antes, los individuos que dispararon a la camioneta, lo habían hecho al aire porque el padre no se encontraba, volvieron minutos más tarde y dispararon sobre la camioneta.
Esta agresión, denunció la diócesis, se debe a que en el conflicto social el religioso "permitió la instalación de un puesto de socorro médico para brindar servicios de primeros auxilios en el curato y atender a quienes resulten heridos en los momentos más críticos del enfrentamiento".
Demandaron una investigación exhaustiva y exigieron al gobierno federal protección para "Franco Pérez y los demás sacerdotes que han sido señalados y amenazados públicamente".