La detención de mi hermano, otra maniobra de intimidación, denuncia Flavio Sosa
El diálogo, lejano; Gobernación no da garantías
Oaxaca, Oax., 28 de noviembre. El acercamiento entre la Secretaría de Gobernación y los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), para reanudar las mesas de diálogo fracasó este martes. Aunque la organización informó que "había disposición" de la dependencia federal para dialogar, lo cierto es que a lo largo del día nunca se concretaron las garantías para que los líderes no fueran aprehendidos.
Por el contrario, mientras se preparaban para el eventual encuentro, la Policía Federal Preventiva continuó con sus acciones de captura: Erick Sosa hermano de Flavio, uno de los dirigentes de la APPO fue detenido en las inmediaciones del aeropuerto de esta capital, y llevado inicialmente a los separos de la Policía Preventiva.
Oficialmente, Sosa Villavicencio fue capturado en cumplimiento a la orden de aprehensión 71/2006 emitida por del juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, por los delitos de secuestro, lesiones calificadas y robo calificado con violencia, "en agravio de dos policías ministeriales, a quienes privó ilegalmente de su libertad y sometió a diversas torturas".
Erick Sosa se encuentra ya a disposición del juez de la causa para que defina su situación jurídica, y para ello fue ingresado al penal de Ocotlán. Ante ello, Flavio Sosa condenó estas prácticas que denominó como "terroristas", pues aseguró que su hermano detenido no está involucrado en el movimiento.
"El domingo, Radio Ciudadana operada por grupos priístas convocó a incendiar mi casa y en la noche lo hicieron; ayer un diario habló ya de que han puesto precio a mi cabeza y ahora detienen a mi hermano como parte de estas acciones de intimidación."
La jornada de este martes fue larga para los dirigentes de la APPO, quienes acudieron al Foro Estatal de Derechos Indígenas, donde escucharon posturas de apoyo a su movimiento y en la cual se reivindicó la propia realización del acto como parte de la continuación de la lucha de las comunidades indígenas contra el gobierno de Ulises Ruiz.
Al encuentro llegó el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y Miguel Alvarez, responsable de Servicios y Asesorías para la Paz y ex secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación, que en su momento favorecieron el diálogo en el conflicto en Chiapas.
Además de su participación en el acto, Ruiz y Alvarez sostuvieron un encuentro privado en la sede del foro, la Casa de la Iglesia, del arzobispado oaxaqueño, y cuando se conoció de la presencia de los dirigentes de la APPO se realizaron diversos rondines policiacos.
Desde temprano, se habló de los contactos con Gobernación para establecer un encuentro con el subsecretario de Gobierno, Arturo Chávez, mismo que nunca ocurrió por la falta de garantías que nunca ofrecieron a los líderes, según informó la APPO. Ante los rondines que se intensificaron, los activistas no salieron ya de ese recinto.
Por otro lado, la Policía Ministerial informó de la detención de otros cinco presuntos integrantes de esa organización, entre ellos Frederick Carmona Splinker, El Gato, quien fue "capturado por habitantes de la colonia Reforma, quienes lo identificaron como el responsable de actos vandálicos cometidos en la zona".
También aprehendieron a Victorino Ramírez García, como presunto responsable de portación de arma prohibida y asociación delictuosa; supuestamente se le aseguró una navaja, una máscara antigás, gafas de protección, un casco industrial y bombas molotov, así como 11 mil 650 pesos "que dijo serían utilizados para sufragar diversos gastos de la agrupación".
Asimismo, este martes se informó públicamente que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Edgar Omar Rodríguez Camarena, Alberto Tlacael Cilia Ocampo, originarios del estado de México, y a la ciudadana francesa Sarah Ilith Weldon, quienes supuestamente incendiaron una motocicleta del Grupo de Operaciones Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Estatal.
Según la procuraduría estatal, "de acuerdo con la averiguación previa 970(TM)2006, los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 20 horas a la altura del puente del río Salado, en la carretera que conduce al fraccionamiento El Rosario".
Por otra parte, de acuerdo con fuentes del gobierno local, Ulises Ruiz analizaba cambios en su gabinete y en la dirigencia del PRI, con el fin de alcanzar "una mejor percepción ciudadana, ya que se aprendió la lección y ahora la pretensión es demostrar que se puede gobernar con mayor sensibilidad social".
Entre los cambios que hasta el momento se han suscitado está el despido de Armando Navarrete como coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo; en su lugar quedó Emilio Mendoza Kaplan, ex titular de la dirección general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, función que ahora está a cargo de Abel Trejo González.
Ruiz Ortiz afirmó durante una gira de trabajo por el municipio de San Bartolo Coyotepec que en la entidad "no hay lugar para decretar la desaparición de poderes", como sugirió el senador panista Santiago Creel Miranda.
Sobre el planteamiento de revisar la petición de desaparición de poderes, el gobernador señaló que "se pueden hacer todas las revisiones que se quieran, aunque esto no quiere decir que proceda".
Reiteró que no promulgará una ley de amnistía que beneficie a los detenidos durante los seis meses de conflicto, particularmente a los últimos 170, quienes fueron capturados entre sábado y martes por haber participado en los hechos violentos que dejaron un saldo de decenas de edificios y vehículos dañados.
El gobierno está abierto al diálogo, pero no con delincuentes: Ulises Ruiz
Agregó que su gobierno "continúa abierto al diálogo y el acuerdo, pero no con delincuentes, sino con organizaciones serias que no han participado en actos vandálicos".
Ruiz Ortiz indicó que será decisión del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) solicitar el apoyo de la PFP "para desalojar a los grupos radicales que se han atrincherado en Ciudad Universitaria. Si lo pide le daremos respuesta inmediata, pero es una decisión que tiene que tomar el rector", reiteró.
Por otra parte, Héctor Anuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, aseguró que cuatro de las seis salas que integran el organismo quedaron destruidas el sábado pasado, pero que ya se busca una sede alterna pera reanudar labores.
En tanto, el senador del PRD Gabino Cué Monteagudo presentó una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) "para que se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la campaña de odio y mentiras que ha sido auspiciada por el gobierno de Oaxaca" y difundida por la llamada Radio Ciudadana, la cual es operada por priístas afines al gobernador Ruiz Ortiz.
En particular, dijo, "se ha pretendido perversamente vincularme" con la APPO, como ocurrió en los interrogatorios hechos a nueve de las personas detenidas el pasado 20 de noviembre.
Esa estratagema forma parte de una guerra sucia que incluye la difusión de calumnias y falsedades que no van a tener éxito, aseveró el legislador.