Abascal, Medina Mora, Clemente Vega y Ruiz Ortiz también enfrentan los cargos

APPO denuncia penalmente a Fox ante la PGR de genocidio y desaparición forzada

Anuncia que recurrirá a organizaciones internacionales si no se canaliza su demanda

ALFREDO MENDEZ

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y familiares de desaparecidos presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del presidente Vicente Fox; del secretario de Gobernación, Carlos María Abascal; del secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; del secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega, y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a quienes acusan de incurrir en delitos de lesa humanidad, entre ellos genocidio y desaparición forzada.

"El propósito que tienen los gobiernos estatal y federal es exterminar parcial o totalmente este grupo político que conformamos, y que a escala nacional tiene representatividad en varios estados de la República", informó en entrevista Gilberto Hernández Santiago, representante del comité jurídico de la APPO.

A su vez, Felipe Canseco, del comité de prensa, refirió que se acusó de genocidio a las autoridades federales y estatales, "en virtud de que ya son mas de 17 muertos sólo en la jornada de lucha contra la Policía Federal Preventiva (PFP), y más de 34 fallecimientos desde que Ulises Ruiz tomó protesta como gobernador, lo que suma casi un centenar de muertos".

Ayer, afuera de las instalaciones de la PGR, una veintena de familiares de desaparecidos se manifestaron con pancartas para exigir que la dependencia federal que castigue a los responsables de los "actos represivos" en Oaxaca.

En su denuncia de hechos, los querellantes también mencionaron como presuntos responsables de delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, delincuencia organizada, coalición de servidores públicos, tortura, abuso de autoridad y denegación de la justicia, a Héctor Sánchez, comandante de la PFP; Rosa Lizbeth Caña, procuradora de Justicia de Oaxaca; Héctor Arnuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, y a Heliodoro Díaz Escárraga, secretario general de Gobierno del estado.

Según consta en el documento presentado en la oficialía de partes de la PGR, "las personas anteriormente señaladas como presuntos responsables actúan como un grupo organizado, con la firme finalidad de realizar diversos ilícitos, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano organizado a escala nacional, inconforme con las políticas de Estado, tanto local como federal, para reprimir, privar de la vida, de la libertad, de la salud, de la seguridad jurídica y de sus derechos humanos a miembros del indicado grupo, identificado como APPO.

"En la integración de ese grupo nacional participan organismos étnicos como mixtecos, zapotecos, triques, mixes, chontales, chinantecos, y otros, así como el grupo nacional identificado como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 22, considerado como fuerte y estable en el ámbito político-social.

"Los (inculpados) dirigen para realizar sus actividades delictivas a grupos denominados 'escuadrones de la muerte', integrados por policías de Seguridad Pública estatales, municipales y policías ministeriales, vestidos de civil y civiles con antecedentes delictivos.

"También son utilizados grupos de vándalos y porros, muchos de ellos menores de edad, actuando algunos muchas veces, con el rostro cubierto, perjudicando y atentando contra la paz pública, la integridad síquica y física de las personas que habitamos en esa entidad y contra nuestros derechos fundamentales como la libertad de manifestarnos", puntualiza la denuncia.

El abogado Gilberto Hernández agregó que en cuanto sean citados a ratificar la denuncia acudirán puntualmente a la PGR, porque "confiamos en que la dependencia no puede desechar la denuncia con todos los elementos de prueba que presentamos, así como los testimonios de las familias a las que se les ha secuestrado a sus hijos, hermanos o padres".

Indicó que en caso de que las autoridades federales mexicanas hagan caso omiso a la denuncia por genocidio, acudirán a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en su momento a la Corte Penal Internacional.

Aseguró que no acudieron a las autoridades ministeriales de Oaxaca a interponer esta denuncia por dos razones: primero, porque el gobierno del estado "ha actuado con total impunidad", y segundo, porque "estamos hablando de delitos federales".