Obtienen amparo 16 de los 26 implicados en el linchamiento; se revisará el expediente
Exige Encinas definir la situación legal de presos por el caso Ixtayopan
Varios estudios concluyen que las autoridades federales pudieron evitar la agresión
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Personas detenidas durante el operativo realizado en San Juan Ixtayopan el 24 de noviembre de 2004, al día siguiente de la agresión a tres agentes de la Policía Federal Preventiva, de los cuales dos murieron
Foto: Jesús Villaseca
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Movilización policiaca en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, al otro día del linchamiento de los agentes federales
Foto: Jesús Villaseca
A dos años de los linchamientos en San Juan Ixtayopan, no obstante que estudios de criminalistas destacados como Fernando Tenorio Tagle, Francisco Muñoz Conde y Luis e Isidoro Cal y Mayor Rodríguez indican que los tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) agredidos, dos de los cuales perdieron la vida, realizaban labores de investigación encubierta, las autoridades federales no han aclarado cuáles eran las funciones que desarrollaban en el lugar los policías Víctor Mireles, Cristóbal Bonilla y Edgar Nolasco.
Los estudios referidos formaron parte de la defensa jurídica que emprendió el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, contra las imputaciones que se le hicieron, y derivaron en la exoneración del hoy jefe de Gobierno capitalino electo.
Además, refuerzan la tesis de que fueron las autoridades federales en específico los mandos de la PFP las que tenían la posibilidad de evitar los linchamientos.
El dictamen elaborado por Tenorio Tagle, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluye que si alguna instancia policiaca estaba en posibilidades de prever los linchamientos era el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, "que fue la que ordenó la investigación encubierta (...) y no previó, al parecer, el respaldo de fuerza necesaria para hacer frente a cualquier eventualidad".
A su vez, Muñoz Conde, después de estudiar los hechos, concluyó que existen razones para acusar "al menos de conducta negligente a los mandos de la PFP", en tanto que un análisis elaborado por los hermanos Cal y Mayor Rodríguez da por hecho que los elementos agredidos realizaban "una investigación encubierta" y que su linchamiento "fue previamente planeado por un grupo social radical, al parecer ligado al Ejército Popular Revolucionario" (EPR).
En el mismo sentido van las conclusiones de los otros dictámenes, que forman parte del expediente judicial y que fueron elaborados por Enrique Gimbernat, Santiago Mir Puig y Moisés Moreno Hernández.
Quedó cancelado temporalmente el auto de formal prisión
Mientras, ayer se informó que 16 de las 26 personas que se encuentran sujetas a proceso penal por esos hechos obtuvieron un amparo de un tribunal federal por considerar que no están plenamente demostradas las imputaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), pero continuarán en prisión mientras se revisa de nueva cuenta el expediente.
Es decir, que el auto de formal prisión que enfrentaban quedó cancelado de manera temporal, hasta que un magistrado federal vuelva a revisar el expediente del caso y determine si hay elementos para emitir un nuevo auto de sujeción a proceso.
Durante dos años 38 personas han sido sometidas a proceso penal por los linchamientos; sin embargo, 12 ya fueron excarceladas por falta de pruebas. Las 26 restantes no han recibido sentencia de primera instancia.
Ante ello, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, consideró que conforme al derecho y las garantías constitucionales de cualquier ciudadano sujeto a proceso penal, debe definirse la situación jurídica de los detenidos.
"Es una garantía que tenemos todos los mexicanos y tiene que cumplirse; deben deslindarse plenamente las responsabilidades; en caso de encontrarse alguna culpabilidad que se establezca la sanción que corresponde según la ley, y en los que no se acredite responsabilidad que se conceda la libertad", expresó durante su conferencia de prensa.
Fue una acción del EPR: Joel Ortega
Por último, el titular de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega Cuevas, reiteró que el linchamiento fue perpetrado por el EPR.
Señaló que muchas de las personas a las que se les sigue proceso por ese caso no aparecen en los videos ni en las fotografías de los hechos, por lo que se debe replantear la investigación y liberar a quienes no tienen relación con los linchamientos. "Está claramente probado que fue un operativo de ellos (del EPR) para liquidar a un oficial que los seguía ya muy de cerca", afirmó.