Fox-Abascal: debacle institucional
Al entreguismo, represión y turbulencia político-social, así como a la acentuada fragilidad de los parámetros básicos de la economía real es necesario agregar la grave degradación institucional, como legado del sexenio del Presidente del "cambio" y su secretario de Gobernación, quienes en ningún momento dejaron de fungir como country managers del ávido aparato empresarial y bancario extranjero y de la voraz oligarquía criolla.
Desde que AMLO decidió lanzar su candidatura a la Presidencia, Fox et al. actuaron de manera facciosa y arbitraria. Antes, durante y después del proceso comicial acoplaron el aparato de seguridad al "plan de juego" del alto capital nacional y extranjero y sus secuaces de cuello blanco en la cúpula hacendaria. Fue un esquema basado en una "estrategia de tensión", en la que con persistencia se enlazó la provocación presidencial con la articulación de operativos represivos. El objetivo fue detener a toda costa a quien planteaba la recuperación del proceso de toma de decisiones en materia económica. Las riendas nacionales fueron enajenadas, a la usanza colonial, por 24 años de gobiernos sometidos a la condicionalidad del FMI-Banco Mundial, atada a todas las líneas de crédito, gestándose una economía tributaria que entrega el ahorro nacional, recursos finitos como el petróleo y empresas estratégicas, a la oligarquía y sus socios externos.
En contraste con recientes andanadas de Fox y Abascal contra AMLO por su asunción el 20 de noviembre como presidente legítimo, la manipulación de las instituciones fundamentales de los tres poderes de la Federación realizada por el foxismo, las han dañado severamente ("Fox: aniquilador de Instituciones", Memoria, noviembre 2006). Así lo podrá comprobar quien analice los sucesos de este atroz sexenio, desde lo que fue el fallido intento para rescindir los derechos políticos de AMLO, creando gran desmérito al Poder Judicial, que adquiriría un orden todavía mayor de ignominia por la actuación comicial de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mancillando de paso a la Cámara de Diputados y lo que entonces eran sus principales fracciones: la del PRI y el PAN, junto a sus presidentes y coordinadores de bancada, hasta las severas violaciones a los derechos humanos, políticos y laborales en San Salvador Atenco, en la Siderurgia Lázaro Cárdenas y ahora en el desate de la violencia oficial antipopular en Oaxaca.
Como muestra Adalberto Saldaña Harlow (Teoría democrática de la Constitución Política Lecturas III, México, Anaya 2006) en el juicio de procedencia que desembocó en el desafuero de AMLO, Fox actuó como el acusador principal. Fue un irresponsable lance político en el que utilizó, de manera arbitraria a la PGR, involucró a la oficina presidencial, al órgano de procuración de justicia nacional y a la Secretaría de Gobernación, comprometiendo todo el Poder Ejecutivo federal. La aventura del desafuero contra AMLO, respaldada por la oligarquía y sus poderosos instrumentos de difusión televisiva, radiofónica y periodística, con su cauda cortesana de "editorialistas", "articulistas", "analistas" y "locutores", arrastra a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, confirmándose, como apunta Saldaña, algo inusitado en la historia nacional: "una asociación delictuosa de los tres poderes para desacreditar y desaforar a AMLO", lo que en términos legales es una "coalición de servidores públicos" penada por el artículo 216 del Código Penal Federal" (p. 295). La inusitada movilización popular contra el desafuero y el riesgo de un juicio político de esta naturaleza probablemente están en el fondo de la decisión de Fox de no continuar con el proceso penal contra AMLO. Ante la incongruencia, la ilegalidad y la desproporción de acusar, procesar, desaforar y después exonerar, un escándalo reconocido por la opinión pública nacional e internacional, las instituciones nacionales y el régimen jurídico de México, incluyendo el régimen de rendición de cuentas, quedan seriamente "disminuidos". Pero el comportamiento y los operativos desplegados por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial y sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, durante el proceso comicial propiamente dicho, llevarán tal "disminución" y descrédito de los poderes públicos, al menoscabo y la humillación institucional que padece la nación después de la usurpación electoral. Es indudable que tanto en el caso del desafuero como en los procesos comiciales, de los que, insisto, Fox es formalmente responsabilizado por el TEPJF de poner en riesgo, él y servidores públicos como Abascal incurrieron en actos que, como argumenta Saldaña Harlow, "han ocasionado daños mayores a los intereses públicos fundamentales previstos en el artículo 109-1, pudiendo quedar incluido como un ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y una infracción a la Constitución que causa perjuicios graves a la sociedad y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones" (p.197).