De las amenazas y peligros para México
En su edición del pasado 20 de noviembre, el prestigiado diario español El País publicó un duro editorial intitulado: "López Obrador amenaza a México", cuyo contenido fue recogido y difundido por otros medios escritos y electrónicos nacionales, confirmando así la influencia de dicho órgano periodístico entre los llamados "formadores de opinión", cuyas voces e imagen pueblan el espectro informativo. Para algunos la simple lectura del encabezado se presentó como prueba irrefutable del desprestigio del ex candidato de la izquierda y su carencia de credenciales democráticas ante el mundo, no obstante que el artículo se limita a reiterar, exagerando adjetivaciones, el argumento panista de suyo excluyente de que López Obrador era y es "un peligro para México".
Desde luego, el editor de El País está en su derecho de expresar sin restricciones las opiniones de su empresa en torno al futuro del nuevo gobierno y, en su caso, apoyar las opciones que crea convenientes, pero a quienes hemos sido sus lectores atentos nos resulta difícil de comprender la arrogancia, el tono derogatorio y facilón usado en dicho texto, como si en verdad el tema no mereciera mayor esfuerzo analítico. Sorprende, pues, la falta de equilibrio, generalmente presente en sus editoriales comedidos y serenos.
Señalar, como sólo lo haría un contendiente faccioso en la arena nacional, que López Obrador ha logrado "el oprobio de poner en peligro la convivencia pacífica y la paz civil en esa gran nación que es México" no es más que mentira, una fábula creada por la derecha mexicana para atemorizar a la ciudadanía y engañar a los observadores foráneos, pues no hay, y conviene subrayarlo, un solo acto de violencia atribuible al movimiento de resistencia como tal, no obstante el clima de provocación que lo rodea y la presión que se ejerce sobre sus partidarios y dirigentes. Tampoco es verdad que las concentraciones masivas y los actos encabezados por López Obrador, incluyendo el experimento de la "presidencia legítima", se encuentren al margen de la ley o en "desafío permanente al orden constitucional", como puede comprobar la simple lectura de la Constitución General de la República y las declaraciones al respecto de numerosos juristas de prestigio, cuyas voces recoge a diario la prensa.
Cierto es que López Obrador, y junto a él un conjunto de fuerzas políticas y ciudadanas, han decidido romper cualquier acuerdo tácito o explícito con el gobierno, con el terminal de Vicente Fox y con el de su sucesor, Felipe Calderón, declarado legalmente presidente electo por el tribunal electoral. Pero esa conducta no constituye delito alguno. En un país que pretende ser democrático ninguna ley podría castigar a quien discrepa de la autoridad ni condenar a quien juzga equivocada alguna decisión del poder, así sea éste el más alto tribunal del Estado, sobre todo si existe un demostrable cadena de agravios que no fueron reparados como se debía.
La crítica de López Obrador a las instituciones (cuya crisis es inocultable, aun para la derecha) no es de ninguna manera la renuncia al orden democrático, sino la reivindicación de su efectivo funcionamiento, más allá de la simulación que hoy oculta bajo el peso del formalismo legal la ausencia de legitimidad de los gobernantes, el predominio casi absoluto de los poderes fácticos sobre la República, pasando por encima de las urgentes necesidades de millones de ciudadanos mexicanos olvidados a su suerte.
López Obrador ha propuesto una ruta para reconstruir el andamiaje institucional de la república, un método para hacer una política distinta, sin romper con la legalidad, utilizando todos los medios que la Constitución pone a su alcance, no más pero no menos. Es una apuesta al filo de la navaja, es cierto, pero no es ni antidemocrática ni ilegal, por mucho que las formas adoptadas molesten a sus críticos.
Es difícil predecir de qué manera funcionará el nuevo tinglado o si tendrá el éxito esperado conociendo las limitaciones de la izquierda, pero por lo pronto se trata de crear un punto de referencia general, la llamada "presidencia legítima", que dé sentido y continuidad al esfuerzo organizado de millones de personas, voluntariamente dispuestas a transitar el camino a las reformas sociales, económicas, políticas y culturales y a oponerse al curso actual depredador que solamente multiplica la desigualdad, el sufrimiento de millones de mexicanos sin esperanza.
Sin duda, la experiencia de la "presidencia legítima" deberá ser evaluada y sometida a rigurosa fiscalización pública, pero a estas alturas es obvio que hacen falta nuevas vías de actuación y participación ciudadana y social que no terminen con el desencanto que en otras democracias condena a la clase política al desprecio moral y la soledad del poder. La movilización popular, unida a la acción política legislativa y el esfuerzo conjunto de los partidos aliados en el Frente Amplio Progresista, son caminos previstos por la ley, instrumentos legítimos que la democracia acepta y estimula, igual que el pluralismo y la participación ciudadana en amplios ámbitos de la vida pública.
Felipe Calderón será el próximo presidente de México, sin importar lo que hagan o dejen de hacer los legisladores de la oposición el 1º de diciembre. Mientras no haya violencia que lamentar, lo cual sería extraordinariamente grave, las acciones que se lleven a cabo tendrán el significado de una gran protesta dentro y fuera del Congreso, pero no cambiarán por sí mismas el curso de la historia. ¿O alguien cree de veras que si Felipe Calderón no protesta en forma al final tendremos un presidente interino y el destino nacional se escribirá de otra manera? ¿Es eso lo que piensan la plana mayor del panismo y sus socios externos? ¿Ese es el verdadero temor de los poderes fácticos que apoyan al panismo? No lo creo. Pero lo que es un hecho seguro es que Calderón comenzará su gestión presidencial sin el respaldo de quienes obtuvieron en las urnas cerca de 35 por ciento, de modo que dará los primeros pasos en minoría y seguramente atado al PRI para asegurar la gobernabilidad. Ese es el tema detrás de la "presidencia legítima" que se inaugura navegando sobre aguas desconocidas y probablemente turbulentas. En cuanto al arribo de verdaderos acuerdos, ahí está el Poder Legislativo a la espera de las iniciativas de reforma que ayuden a cambiar el rostro del país. Ese es el crucigrama que la democracia mexicana tendrá que resolver para avanzar hacia el futuro.