Dos años presos sin ser juzgados
Esperan definición jurídica 26 detenidos por linchamiento de agentes de la PFP en Tláhuac
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, respaldó las acciones que emprendió el jefe delegacional de Tláhuac, Gilberto Ensástiga, para exigir que se defina la situación jurídica de las 26 personas detenidas en San Juan Ixtayopan por el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva y las graves heridas que sufrió un tercero el 23 de noviembre de 2004.
Para el titular de la demarcación, el pronunciamiento de Encinas es muy importante, pues "todo gobierno que se precie de ser democrático no puede cerrar los ojos ante un hecho de injusticia", como en este caso.
Dijo estar convencido de que la mayoría de los procesados no son culpables, por lo que espera que se adhieran a esta exigencia juristas y organismos defensores de los derechos humanos, e inclusive el jefe de Gobierno electo, Marcelo Ebrard, a quien este suceso costó su separación de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, ordenada por el presidente Vicente Fox.
Ayer, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario capitalino aclaró que Ensástiga no está pidiendo la libertad de todos los procesados, sino la definición de su situación jurídica, porque es ilegal que a casi dos años de haber sido detenidos continúen presos sin que se haya establecido su culpabilidad.
"El planteamiento del jefe delegacional es correcto, lo compartimos y lo vamos a apoyar, porque las personas que están retenidas no pueden seguir en una situación de incertidumbre", apuntó.
Desde el momento de su detención en un operativo de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, la tarde del 24 de noviembre de 2004, se denunciaron irregularidades, como la ausencia de órdenes de aprehensión y cateo, pues para llevar a cabo esta tarea los agentes se apoyaron en una carpeta con fotografías tomadas de imágenes de televisión y detenían a todo aquel que tuviera parecido con quienes aparecían en ellas.
El pasado 7 de noviembre, atendiendo una petición de las familias de los detenidos, el jefe delegacional de Tláhuac anunció que la demarcación asumiría su defensa y al siguiente día visitó a las dos mujeres y 24 hombres que continúan presos de un total de 33 que fueron detenidos en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Ensástiga expresó: "nosotros no estamos defendiendo a linchadores", porque no se puede decir que los 26 procesados son responsables, "y presumiblemente la mayoría no lo son".
Puntualizó que se está pidiendo la intervención de la Judicatura, que es la instancia calificadora de la actuación de los jueces, "porque van dos años y quienes están procesados no han sido declarados culpables, pero siguen en la cárcel y esto afecta a sus familias que sufren no sólo la ausencia de su ser querido, sino carencias económicas porque muchos de ellos eran el sostén del hogar".