El escrito ni siquiera precisa el número de muertos durante la noche de Tlatelolco
Reporte final de la Femospp elude mencionar a responsables de matanzas
Cinco años de pesquisas fueron insuficientes para documentar la creación de los halcones
La Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) elaboró como Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, un recuento de hechos, en los que no se menciona de manera directa a los responsables de matanzas como las ocurridas el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.
Ni siquiera pudo acreditar, en el primer caso, el número real de muertos en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, a pesar de cinco años de investigación.
El informe supuestamente entregado este viernes al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca Hernández, como texto inédito, en su mayor parte, es el mismo que desde diciembre de 2005 la Femospp había titulado Que no vuelva a suceder, y que mantuvo oculto hasta abril de este año, cuando se difundió inicialmente en Estados Unidos.
Este "nuevo" texto es el trabajo final de José Sotelo Marbán y su grupo de investigadores, el cual, por cierto, mantiene un litigio laboral contra la PGR, que no les ha pagado por el trabajo desarrollado a petición de Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Femospp.
Pese a los siete meses que transcurrieron entre el "descubrimiento" del informe Que no vuelva a suceder y el Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, no menciona por su nombre a los culpables de las desapariciones forzadas y de actos de tortura en instalaciones militares en diversos estados de la República.
Sin embargo, a lo largo de las 864 páginas del documento se afirma que en México, en los años 70 y 80, diversas instalaciones militares, sobre todo en el estado de Guerrero, se convirtieron en "campos de concentración", y sitios en los que se realizaron "multitud de vuelos de helicópteros con rumbo al mar. Se tiene registro de gente que fue aventada en sacos desde un helicóptero", pero de esto último no se incluyeron los documentos que acrediten al menos un caso.
La oficina que dirige Ignacio Carrillo Prieto afirma, como si fuera un descubrimiento, que "el fenómeno de combate a la disidencia política (ocurrió) dentro del más amplio escenario de la guerra fría".
Para el fiscal, "al encontrarse México, como otros países de la región, bajo la influencia estadunidense, se decide la supresión de cualquier manifestación opositora que atentara contra los dogmas políticos y económicos prevalecientes, que pudieran entrañar el riesgo de afiliarse a la izquierda, no importa su carácter reformista o revolucionario".
Según la fiscalía, "la Segunda Guerra Mundial prefigura el escenario", pero antes de entrar en la explicación de lo que pasó en México, primero analiza hechos ocurridos en El Salvador, Guatemala y otras naciones latinoamericanas, donde se produjeron movimientos sociales disidentes y considera que "se trataba de un mundo bipolar, en el que los buenos luchaban contra los malos".
El Informe histórico... no sólo se hizo con base en investigaciones propias, para documentar los casos a que se alude en el documento, utilizó también párrafos completos de textos publicados en revistas, diarios de la época, y libros, como Parte de guerra, de Julio Scherer García, Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, y obras de Carlos Monsiváis.
De lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, señala que "la matanza dura más de dos horas", pero acepta que "hasta hoy, es incompleta la lista real de heridos, muertos y desaparecidos".
Se concreta a mencionar que "se han recibido reportes que señalan hasta 350 muertos". La única explicación que se da a la matanza es la determinación del Estado de reprimir el movimiento estudiantil por demandar mayores libertades. Nada de la supuesta conjura comunista y de la presunta intención que había de que no se celebraran los Juegos Olímpicos de ese año.
Respecto del 10 de junio de 1971 y el grupo de los halcones, el informe de la Femospp señala que "no se encontró la documentación que acreditara la conformación de este grupo paramilitar delictivo".
Uno de sus logros es acreditar que en su operación "siempre se evitó comprometer de manera directa a altos funcionarios".
Pero, de entrada, el informe asegura que "al concluir esta investigación se constata que el régimen autoritario, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión".
Otro hallazgo es que "el combate que el régimen autoritario emprendió contra estos grupos nacionales que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho humanitario internacional, que culminaron en matanzas, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio, al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente su enemigo".
Su conclusión es que "se utilizaron a las instituciones del Estado, pervirtiendo a las mismas".
El informe, de acuerdo con datos obtenidos, será puesto a consideración pública en la página web de la PGR, a fin de que sea "la sociedad sea la que lo califique".
Los documentos con que se integró el texto de 864 páginas, así como las averiguaciones previas ya concluidas por la Femospp, serán enviadas al Archivo General de la Nación para consulta pública.
Además, una copia de toda la documentación en poder de la Femospp, y el contenido del informe serán turnados a miembros del Instituto Nacional de Ciencias Penales para su análisis, indicaron fuentes gubernamentales.
Cabe mencionar que la Femospp desaparecerá oficialmente el próximo 30 de noviembre, y que a la fecha, ninguno de los presuntos responsables de delitos de lesa humanidad han sido condenados, y en aquellos casos que la fiscalía acusó a ex funcionarios de la extinta Dirección Federal de Seguridad de ser responsables de privación ilegal de la libertad en la modalidad de desaparición forzada, ninguno ha sido hallado culpable.