Programas como APV, ineficientes para abatir decesos
En el sexenio, reducción insuficiente de la mortalidad materna: Fundar
Los índices de mortalidad materna se reducirán sólo hasta que las acciones encaminadas a combatir el problema se conviertan en una política pública, pues las estrategias o programas como Arranque Parejo en la Vida (APV) no lograron el objetivo de abatir los decesos de mujeres por causas asociadas a la maternidad, ni siquiera en los grupos más vulnerables, las adolescentes y las indígenas, asegura un análisis de la organización civil Fundar.
El balance de la agrupación respecto a lo realizado por el gobierno de Vicente Fox en esta materia es desfavorable e insuficiente, porque apenas se logró evitar 234 fallecimientos en el periodo 2001-2005, a pesar de que APV tenía como único objetivo disminuir la mortalidad materno-infantil.
La agrupación civil presentó anoche una serie de cuadernillos en los que evalúa diversas áreas de la administración foxista. Respecto a los decesos ocurridos en el proceso de embarazo, parto y puerperio, resalta que en términos absolutos en este sexenio cada día murieron entre tres y cuatro mujeres. En el año 2000 se reportaron mil 543 decesos, y en 2005, mil 242. Con estos resultados se aleja la posibilidad de conseguir la meta comprometida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de bajar las muertes a 22.3 por cada 100 mil nacimientos en el año 2015. Hasta el año pasado, la tasa se ubicó en 63.4 por 100 mil nacimientos.
Fundar asegura que "la mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud". Es reflejo, apunta el análisis, de la situación de atraso y rezago en la que vive un sector de las mujeres mexicanas.
Las entidades que reportaron los mayores niveles de defunciones fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y aunque APV recalcó la vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes y las indígenas, al terminar el sexenio estos grupos se mantienen en las mismas condiciones de vulnerabilidad, advierte el informe.
Uno de los aspectos críticos de la forma en que ha operado APV es que no contempla recursos para infraestructura, equipamiento, medicamentos y transporte, por lo que "su funcionamiento se debe ajustar a los insumos existentes en las comunidades" en que funciona. Para Fundar un hecho grave es que la Secretaría de Salud nunca consideró gastar en estos rubros. En consecuencia, el aporte privado sustenta una parte fundamental de la implementación del programa.
Entre las deficiencias en los servicios médicos, la organización civil detectó incumplimiento de la norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, a lo que se suman las carencias de insumos, incapacidades del personal médico, subutilización del primer nivel de atención, saturación de hospitales, e incluso prácticas racistas y discriminatorias.
La evaluación también resalta el problema del transporte que enfrentan las mujeres que viven en comunidades alejadas y de difícil acceso, el cual APV dejó bajo la responsabilidad de las mismas localidades, a pesar de que es un mecanismo prioritario para disminuir la muerte materna.
Fundar encontró, inclusive, que donativos hechos por la iniciativa privada no llegaron a los grupos que más los necesitaban, o bien se colocaron en hospitales generales, adonde tampoco logran acceso los grupos más vulnerables.
En relación con la forma en que se asignó el presupuesto en esta administración, Fundar resalta que la entrada en vigor del Sistema Nacional de Protección Social en Salud repercutió en la invisibilidad del gasto asignado a APV y a la salud materna en general.
Resulta que los estados tienen la facultad de utilizar los recursos discrecionalmente y Fundar comprobó que no se destinan montos específicos para reducir la mortalidad materna, sino en general, para la atención del embarazo, parto y puerperio.