Reconoce avances legislativos para proteger a la niñez, pero recomienda "aplicar las leyes"

Desigualdad, pobreza y explotación sexual infantil, los pendientes de México: ONU

JOSE ANTONIO ROMAN

Desigualdad social, pobreza, discriminación a grupos vulnerables y a la niñez indígena, así como la explotación económica y sexual y la trata de menores migrantes siguen siendo las "tareas pendientes" de México en materia de derechos de la niñez.

Lo anterior se advierte en el informe del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentado ayer por Norberto Liwski, vicepresidente y relator de dicho comité, ante funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Dijo que son preocupantes el gran número de niños mexicanos que viven en la pobreza y las disparidades sociales existentes a pesar del crecimiento económico del país, como se refleja en múltiples indicadores sociales.

El representante de la ONU expresó su reconocimiento al gobierno mexicano por hacer públicas las observaciones y por el avance en materia legislativa para proteger los derechos de la niñez, donde "se ha buscado armonizar las leyes nacionales con la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales".

Sin embargo, el documento recomienda a México adoptar las medidas necesarias para asegurar su aplicación efectiva y que algunas normas, como la Ley para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, queden plenamente integradas en las legislaturas locales, además de que se destinen recursos financieros y humanos adicionales y suficientes para hacer cumplir dichas normas.

En su oportunidad, la subsecretaria de la SRE para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, María del Refugio González, reconoció la "incapacidad" del gobierno mexicano para bajar las tasas de pobreza, con el "mismo éxito" con que redujo las de natalidad y mortalidad infantil.

En consecuencia ­agregó­, un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes mexicanos tienen que afrontar cotidianamente no sólo la carencia de recursos, sino la desintegración familiar, la falta de oportunidades y, muchas veces, la explotación en sus diversas manifestaciones. Por ello, son víctimas de la desigualdad social y del abuso de individuos y grupos criminales.

Dijo que a estas circunstancias hay que agregar el desconocimiento generalizado en la población sobre los derechos de los niños. Las recomendaciones al gobierno mexicano se hacen en virtud del tercer Informe sobre los derechos de la niñez, presentado por México en diciembre de 2004.

El texto de la ONU enumera que entre los indicadores sociales donde se confirman los índices de pobreza están las tasas de matrícula escolar y de conclusión de estudios, las de mortalidad infantil y el registro de nacimientos, que muestran la persistencia de la discriminación contra los menores indígenas, las niñas, los niños con discapacidades, los que viven en zonas rurales y remotas y los de grupos económicamente desfavorecidos.

En este sentido, el comité recomienda a México que se intensifiquen las medidas para reducir considerablemente la pobreza y las disparidades sociales, a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, y vele por que todos los niños tengan acceso igual y suficiente a los servicios de atención de la salud, servicios sociales, alimentos, vivienda y educación de calidad.

Durante una reunión con senadores, Liwski expresó su preocupación por las deficiencias en la legislación sobre explotación sexual de menores y porque no se ha puesto en marcha la recientemente aprobada ley sobre justicia penal para adolescentes.

En un encuentro de más de dos horas con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el relator de la ONU consideró también preocupante el incremento de suicidios, sobre todo en jóvenes indígenas.

Dio a conocer todas las recomendaciones a México del informe sobre los derechos de los niños, pero la discusión se centró en las reformas legales aún pendientes, sobre todo en lo que se refiere a la pornografía y el comercio sexual infantiles. Consideró que hay muchas deficiencias en la legislación y falta mucho por hacer, a fin de imponer mayores penas a quienes se dedican a la explotación sexual de niños y adolescentes.

Con información de Andrea Becerril