Iniciativa perredista contra "sueldos escandalosos"
Respaldado por los legisladores del Frente Amplio Progresista, el senador perredista Pablo Gómez presentó ayer ante el pleno una iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional, a fin de imponer un límite máximo a las percepciones de los servidores públicos y evitar así sueldos "escandalosos" y bonificaciones millonarias, como las que recientemente se otorgaron los magistrados salientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La propuesta precisó es que los sueldos de funcionarios federales, estatales, municipales y de empresas descentralizadas se fijen con base en un tope máximo de 33 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, unos 120 mil pesos mensuales, más los 40 días de aguinaldo, que son 160 mil pesos.
Ello dará un ingreso máximo de un millón 600 mil pesos anuales equivalentes a 145 mil dólares el cual incluiría todas las percepciones directas e indirectas, como estímulos, gastos de representación, comisiones, fondos de retiro o ahorro, pensiones, jubilaciones o cualquier otra.
La iniciativa para establecer un sueldo máximo oficial en todos los niveles de gobierno, detalló Pablo Gómez, sanciona las percepciones simuladas y estipule que ninguna autoridad podrá conceder jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en favor de persona alguna.
La reforma contempla mantener las percepciones actuales de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados del TEPJF, ya que el artículo 94 constitucional indica que tales sueldos no podrán ser disminuidos durante el tiempo de sus encargos.
En el caso de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), se mantendrían también sus actuales percepciones, porque están vinculadas a las de los ministros de la Corte.
El senador perredista expuso que parte de la crisis institucional de México tiene que ver con el desorden en la asignación de los sueldos y demás prestaciones, y aludió al escándalo protagonizado recientemente por los magistrados salientes del TEPJF, quienes se concedieron un bono de 7 millones de pesos cada uno.
México "no puede seguir siendo de altísimos salarios en la administración pública, por la pobreza del país mismo. No se puede argumentar que los sueldos de los funcionarios se han incrementado de manera escandalosa para combatir prácticas corruptas porque, para muchos, esos aumentos son parte de la corrupción". Andrea Becerril