Comité de la ONU escucha con escepticismo el informe de la delegación mexicana
En el sexenio de Fox sólo han ocurrido nueve casos de tortura, afirma la PGR
El próximo día 24, Naciones Unidas dará a conocer sus observaciones al país
Ginebra, 9 de noviembre. En la actual administración solamente han ocurrido 9 casos de tortura, no existen desapariciones forzadas, ni se realizan revisiones indignas a familiares de los presos; además, las víctimas pueden llevar su propio médico para constatar lesiones sufridas, ningún detenido declara sin la presencia de un defensor ni las mujeres agredidas son objeto de interrogatorios hostiles, aseguró la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) que compareció ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas Contra la Tortura.
Igualmente rechazó la existencia de conflictos entre entre la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). "Tenemos excelentes relaciones de trabajo con espíritu de cooperación", sostuvo la delegación, aunque previamente la comisión dijo lo contrario y sostuvo que se siente perseguida.
En el "caso emblemático" de las mujeres ultrajadas en San Salvador Atenco, la fiscal Alicia Pérez Duarte reiteró que desde la fiscalía "les dijimos que ellas decían la verdad y que era nuestra responsabilidad probar que fueron violadas; no es cierto que les hayamos pedido que presentaran nuevas pruebas", dijo a los expertos.
No es un patrón en México que la policía y fuerzas de seguridad golpeen a la población, lo que ocurrió en San Salvador Atenco fueron abusos de autoridad, dijo la fiscal y abundó que para su fiscalía, todos los policías que participaron en el operativo del 4 de mayo son presuntos responsables; negó que los agentes usaran máscaras, pero admitió que sí se emplean en acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Los expertos, así como numerosos observadores de la sociedad civil en la sesión del Comité Contra la Tortura (CCT), se sorprendieron al escuchar además las correcciones del gobierno respecto a la clasificación del delito de tortura. Los representantes gubernamentales afirmaron que para considerar que hubo tortura no es relevante que los agredidos hayan recibido lesiones que duren más de 15 días en sanar, "lo que cuenta es la intencionalidad del acto", según la respuesta de la fiscal Alicia Pérez Duarte. Es un criterio teolológico que se maneja para la tortura en México, explicó por su parte el subprocurador de derechos humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledezma.
Los expertos del Comité Contra la Tortura insistieron sobre la ocurrencia de este persistente delito en el país a pesar de que la delegación gubernamental que sustentó el cuarto informe periódico de México reiteró que apenas se tienen 9 casos de tortura aceptados; más adelante se dijo que entre 1990 y 2005 se acumularon 174 recomendaciones sobre este delito.
No hay casos de desapariciones forzadas en el país, se aseguró al correlator para México, Fernando Mariño Menéndez, añadieron que en el caso de los crímenes del pasado se usó el término de genocidio.
Sin embargo, previamente la fiscal había confirmado que en Ciudad Juárez hay 34 desapariciones de mujeres y 34 cuerpos siguen sin ser identificados.
Los representantes de la ONU demandaron aclaraciones sobre los criterios que México utiliza para las prescripciones de delitos cometidos por militares contra civiles, aludiendo que no debe ser competencia de tribunales militares sino del fuero común.
Los crímenes de género, tales como los feminicidios de Juárez y otros en el país, y las violaciones sexuales y abusos a mujeres de San Salvador Atenco fueron objeto de reiteradas demandas de aclaraciones. La fiscal explicó que crear los expedientes de los acusados toma tiempo, porque resulta difícil encontrar la evidencia del delito en crímenes cometidos hace más de 10 años, por lo que se apelará a una opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sirva de normativa.
Abundó que todos los policías acusados de negligencia en el caso Atenco fueron relevados de sus funciones y 8 fueron sentenciados por maltrato a prisioneros.
La relación entre la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos causa confusiones. El relator para México, Claudio Grossman, sin tratar de decir que alguna de las partes miente, pidió explicaciones. La PGR aseguró que las relaciones entre ambas instituciones "son excelentes", mientras que la CNDH, inclusive por escrito, afirmó lo contrario y alegó vivir en un clima de persecución.
"La relación de trabajo con la CNDH va más allá del conflicto entre las dos instituciones, hay espíritu de cooperación y seguiremos en esta tesitura", respondió Mario Alvarez Ledezma.
Es importante para los expertos de la ONU la armonía del marco jurídico federal y estatal, pero "no aceptan la excusa de que un delito cometido puede ser de la competencia penal local porque quien debe cumplir con el respeto a los derechos humanos es el Estado como tal, es su responsabilidad".
México es muy bueno para firmar tratados y convenciones admitió entre sonrisas parte de la delegación, pero, no tienen muchos datos de juicios por tortura así que, echando mano de una "metodología casera", se han documentado 74 sentencias en 3 estados de la república y 3 del ámbito federal en el periodo desde la creación de la CNDH.
En su respuesta a pregunta sobre qué pasó con las investigaciones de crímenes contra homosexuales, la representación mexicana dijo que supo de casos en Chiapas y Tabasco, pero ahora la Conapred los aglutina para su proceso.
Sostuvo que en México nunca ha existido un programa público de esterilizaciones forzadas a indígenas; en el pasado se usaron vocablos como "la paternidad responsable" y "la familia pequeña vive mejor", promovidos por radio y televisión.
El programa de cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos "llegó para quedarse". Expresó su esperanza en que será renovado por el nuevo gobierno, pero si no fuera el caso, con los convenios, tratados y otros acuerdos internacionales que México ha ratificado, está de hecho garantizada su permanencia.
Afirmaron que ninguna revisión indigna se realiza en los centros de reclusión en el país. En penales federales se instaló un sofisticado equipo de detección de cualquier residuo adherido a ropa o introducido a cavidades, pero si se detecta algún objeto prohibido, se le pide autorización para ser revisado, "nadie la acepta pero sí piden retirarse".
Algunas preguntas de los expertos quedaron sin respuesta, porque la delegación no pudo contactar a las autoridades responsables como en los casos de Jalisco, sobre las agresiones a los altermundistas, ni en Ciudad Juárez, sobre las sanciones para policías que ultrajaron a mujeres.
México, representando por un equipo de funcionarios de cancillería y de la PGR, SSP y la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres, sustentó oralmente durante dos sesiones el informe escrito presentado al Comité para "capotear" los incisivos cuestionamientos de los diez expertos sobre el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los expertos emitirán sus observaciones y recomendaciones a México el 24 de noviembre.