Reclaman lo honorarios generados durante la defensa en el caso Amigos de Fox
Despacho de abogados demanda a Fox y Korrodi por adeudo de 3 mdd
El presidente Vicente Fox Quesada y su operador financiero durante la campaña electoral de 2000, Lino Korrodi, fueron demandados civilmente ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) por un adeudo de 3 millones de dólares. La parte querellante es el despacho de abogados que los representó en el caso Amigos de Fox, y la demanda consiste en la reclamación del pago de los honorarios adeudados desde hace varios años.
Arturo Quintero Treviño quien junto con Carlos Robledo logró "paralizar", por medio de diversos amparos, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Vicente Fox se presentó ayer por la mañana en la oficialía de partes del TSJDF para iniciar el proceso judicial.
"Reclamamos el pago de nuestros honorarios. Sabemos que va a ser un proceso extenso, porque se tiene que hacer la relación de toda la serie de procedimientos y procesos que hicimos en defensa de estos señores (Fox y Korrodi).
"Tenemos que justificar el trabajo hecho, que si bien es conocido por la opinión pública, para efectos legales tenemos que demostrarlo ante el juez, de ahí que la demanda sea extensa", aseguró minutos después de presentar la querella.
Con la finalidad de recabar fondos para la campaña presidencial, el guanajuatense conformó la organización Amigos de Fox. Desde su creación el operador financiero de dicha estructura fue Lino Korrodi, a quien conoció cuando ambos trabajaban para una empresa refresquera.
Desde antes de la jornada electoral de 2000 se comenzaron a dar las primeras denuncias sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Fox Quesada.
A finales de junio de ese año miembros del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una serie de documentos bancarios que exhibían transferencias de recursos provenientes del extranjero a la estructura creada por el entonces candidato presidencial panista.
Conforme pasaron los meses y se abundaron las investigaciones, las denuncias llegaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Federal Electoral (IFE).
Fue entonces que los señalados en las indagatorias contrataron los servicios de Quintero Treviño y Carlos Robledo.
"No sé por que se fijaron en nuestros despachos. También desconozco si vieron otras opciones; eso lo tendrán que responder ellos (...) pero el caso es que nosotros fuimos sus abogados.
"Y seguimos siendo los abogados de Vicente Fox, porque el contrato que establecimos no se ha finiquitado. Lo que ya terminó en su totalidad, y con éxito, fueron los procedimientos donde los defendimos, pero el contrato de prestación de servicios que establecimos con ellos no ha terminado ya que no se ha cumplido", aseveró Quintero Treviño.
En 2002 los litigantes evitaron que se abrieran las cuentas bancarias que se sospechaba fueron utilizadas para financiar ilegalmente la campaña presidencial.
Ayer Arturo Quintero confirmó que se ha reunido en "incontables" ocasiones con el actual procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y que en uno de dichos encuentros se acordó que antes del 31 de octubre anterior se saldaría la deuda de 3 millones de dólares, pero al no cumplirse con dicho compromiso decidió iniciar la demanda civil.
"Estamos demandando a un ciudadano, sabemos que por unos días más seguirá siendo el Presidente de la República, pero cuando este procedimiento empiece a desahogarse ya no lo será. Independientemente del cargo que ocupe o no, yo espero un trato igualitario, como si fuera cualquier otra persona, y vamos a estar atentos de que sea así; en caso contrario, lo vamos a denunciar", abundó.
En este tipo de juicios civiles es común que las comparecencias se lleven a cabo por escrito, e inclusive se tiene contemplado que sean los representantes legales quienes acudan ante los juzgados respectivos.
La única manera en que Vicente Fox se vea obligado a acudir al juzgado 10 de lo civil es que el juez contemple una prueba confesional: "ahí sí tendría que acudir personalmente, pero en caso de que se dé, todavía faltan muchos meses", aseveró Quintero Treviño.