En menos de 2 por ciento de los casos denunciados se castigó al culpable, sostiene
Autoridades mexicanas toleran la tortura, denuncia la CNDH en Ginebra
Ginebra, Suiza, 7 de noviembre. En México, la tortura es una práctica frecuente en las corporaciones policiacas y existe "una clara tolerancia de los gobiernos federal y estatal" para este tipo de actos violatorios de los derechos humanos, aseguró aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el Comité Contra la Tortura, de la Organización de Naciones Unidas.
El primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, aseveró que de 1990 a la fecha ese órgano de defensa de los derechos humanos recibió "8 mil 447 quejas de personas víctimas de tortura. De ellas, en menos de 2 por ciento se llegó a sancionar a los responsables", ya que se asume como práctica gubernamental "minimizar esta problemática y ocultar su existencia".
Hizo notar que las estadísticas relativas a las denuncias por tortura, así como el numero de personas sancionadas por cometer ese delito, no reflejan la realidad, "dado que existe una amplia cifra negra de delitos que no se denuncian por diversos factores, tales como la desconfianza institucional, el temor por sufrir represalias o inclusive por la falta de asesoría jurídica".
La CNDH puso como ejemplos de esa práctica persistente los casos de los altermundistas que fueron torturados en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004 durante la celebración de la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. También ejemplificaron con el caso de la tortura propinada por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a José de Jesús Zúñiga, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco.
Precisó que la CNDH enfrenta serios obstáculos para cumplir sus atribuciones, en razón de que durante la investigación de esas violaciones denunciadas tortura, tratos crueles y degradantes se han presentado por parte de autoridades diversas acciones tendientes a "evitar las sanciones, dejar sin materia las indagaciones, obtener desistimientos, rendir informes parciales e inoportunos, prolongar innecesariamente las actuaciones con el pretexto de estar sustanciando procedimientos internos de investigación, en algunos casos incompletos, deja la carga de la prueba a la víctima o a sus familiares, lo que lleva a no abatir la impunidad".
Al asistir aquí a la audiencia privada con el Comité Contra la Tortura de la ONU previo a la sesión en la que se presentará el informe de México la CNDH insistió en que al rechazar los gobiernos federal y estatales las recomendaciones que se emiten por este delito "hay una clara muestra de tolerancia de las autoridades para este tipo de prácticas, que colocan en grave riesgo a las instituciones al pretender evadir el cumplimiento de sus deberes constitucionales y, sobre todo, ceder a la tentación de rechazar el inicio de investigaciones de violaciones graves, así como esclarecer toda denuncia sobre estos delitos de lesa humanidad".
Plascencia Villanueva, al detallar el caso de José de Jesús Zúñiga Velázquez quien denunció que fue torturado por elementos de la AFI y que la investigación de la CNDH comprobó esa denuncia dijo que "la PGR a través de un comunicado de prensa nos manifestó su negativa a aceptar esa recomendación, con el argumento de que en la averiguación previa iniciada por la supuesta tortura se determinó el no ejercicio de la acción penal, lo anterior basados en el desistimiento del quejoso y su señalamiento posterior a la queja que presentó de que las lesiones que había sufrido se las había ocasionado él mismo.
"No obstante que en México el desistimiento resulta improcedente en el caso de delitos graves, que a la vez son perseguibles de oficio, por lo que el Ministerio Público estaba obligado a proceder a la investigación".
Plascencia Villanueva sostuvo que "en lugar de investigar a los policías denunciados, la PGR inició una averiguación en contra del presidente de la CNDH, del primer visitador general y del director general de esa visitaduría, en un claro acto de intimidación para inhibir la realización de futuras investigaciones, además de que se convocó a una conferencia de prensa con la intención de justificar su actuación, en lugar de llevar a los policías ante la justicia".
Esta actuación de la PGR ha sentado un precedente "sólo comparable a lo ocurrido en la década de los 60, cuando el macarthismo sustentado en la idea de una supuesta razón de Estado realizó crueles persecuciones en contra de los que defendían ideas vinculadas con los derechos humanos".