La decisión beneficia a mandos medios y superiores
La Corte da luz verde a los bonos y compensaciones para funcionarios
En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a la autoadjudicación de bonos y compensaciones extraordinarias, no establecidas en el presupuesto de egresos correspondiente, en favor de los mandos medios y superiores de la administración pública.
Al resolver ayer la controversia constitucional promovida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la mayoría determinó la inconstitucionalidad de los artículos 3, 35 y 5 transitorio del Presupuesto de Egresos 2006.
El artículo tres facultaba a la Secretaría de Finanzas capitalina a supervisar el ejercicio presupuestal de las delegaciones, ALDF, TEDF, Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 35 preveía que en caso de disminución de los ingresos previstos, el jefe de Gobierno pudiera acordar la reducción en el presupuesto de los citados organismos.
Y el cinco transitorio, que fue declarado inconstitucional por seis votos contra cuatro, señalaba que "no se autoriza para ningún servidor público de mandos medios y superiores" de organismos autónomos "bonos o percepciones extraordinarias a su salario".
Al intervenir en la sesión en contra de la decisión mayoritaria, Genaro Góngora Pimentel aseveró que la aprobación de bonos no previstos en el presupuesto viola el artículo 13 constitucional, que señala que ninguna persona puede gozar de más emolumentos que los fijados por la ley, por lo que "es increíble que enfrente de un texto constitucional tan terminante se puedan deducir consecuencias contrarias a su mandato expreso".
Y en alusión al reciente escándalo por los bonos millonarios que se asignaron los ex magistrados electorales y a la postura de la mayoría, el ex presidente de la Corte agregó: "No pueden crearse fideicomisos para gozar de más emolumentos que los establecidos por la ley, y ya que la SCJN ha dicho que el Presupuesto de Egresos es un acto administrativo y no ley, no puede crearse en el mismo una partida encubierta y sorpresiva para aumentar compensaciones por servicios públicos".
No valen maniobras ni interpretaciones para desobedecer el texto claro de la ley suprema, enfatizó.
"Y ahora preguntémonos, ¿qué es lo que queda después de haber violado la Constitución? La seguridad y la confianza quedan destruidos, los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpación, y los gobernados (que ahora nos observan en la República entera a través del Canal Judicial) la convicción de que están a discreción de un Poder Judicial que ha traspasado todas las leyes".
Los ministros Juan N. Silva Meza, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo, respaldaron la constitucionalidad del quinto transitorio, ya que no prohíbe la entrega de bonos, "sino sólo aquéllas percepciones no previstas en el Presupuesto de Egresos".
También señalaron que la inconformidad del tribunal electoral fue porque el gobierno capitalino se opuso a la entrega de percepciones extra a mandos medios y superiores, a excepción de los magistrados, con motivo del reciente proceso electoral; pero que ello no implicaba que se vulnerara la gestión de autonomía presupuestaria del TEDF.
"La autonomía de ningún modo puede interpretarse de tal forma extensiva que permita afirmar que el tribunal electoral pueda modificar arbitrariamente determinados conceptos de pago, con bonos y percepciones extraordinarias".
E insistieron en que dicho artículo es un "candado para el gasto", que no puede ser abierto "con la llave de la autonomía de gestión presupuestaria".