El caso es similar al ocurrido en agosto de 2001, cuando se detuvo a los hermanos Cereso
Atrae PGR la mayor parte de la indagatoria sobre las explosiones
Estallan dos granadas dentro de un condominio en Ixtapa-Zihuatanejo; sólo daños materiales
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Daños en el edificio del TEPJF
Foto: Roberto García Ortiz
A menos de 24 horas de las explosiones en las sedes nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de una sucursal bancaria del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la mayor parte de la investigación sobre esos hechos.
Las pesquisas estarán a cargo de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que encabeza el fiscal José Ricardo Cabrera.
Por otra parte, dos granadas estallaron alrededor de las 10 de la noche de este lunes dentro del condominio Linda Bonita, ubicado en la avenida principal de Ixtapa-Zihuatanejo. Los artefactos sólo causaron algunos vidrios rotos, reportó la policía municipal. Uno se arrojó a la recepción y el otro a la caseta de vigilancia desde un automóvil en movimiento.
En el caso ocurrido en la ciudad de México, la PGR buscará primero detectar el origen del material explosivo, para de ahí ubicar a los autores intelectuales y materiales de las tres detonaciones, así como las motivaciones que tuvieron para hacerlo.
Similitudes
Cerca del mediodía de ayer varias horas antes de que cinco organizaciones guerrilleras reivindicaran los hechos , la principal línea de investigación de la procuraduría giraba en torno a qué presuntos grupos subversivos eran los responsables de los atentados.
''Encontramos similitudes en estas explosiones con hechos ocurridos en agosto de 2001, cuando diversas personas (presuntamente los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes entonces se vinculó con grupos guerrilleros) lanzaron explosivos contra tres sucursales de Banamex en la ciudad de México'', reveló un funcionario de primer nivel de la SIEDO.
De los tres hermanos Cerezo, Alejandro fue exculpado de todos los cargos, en marzo de 2005, mientras que Héctor y Antonio fueron condenados a siete años y seis meses de prisión por hallárseles penalmente responsables de los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y cartuchos reservados para las fuerzas armadas del país. Hasta el cierre de esta edición, la PGR no había detectado a algún probable responsable de los hechos.
Sin embargo, las pesquisas iniciales han partido de la hipótesis de que los materiales explosivos utilizados la madrugada del pasado lunes son similares a los que se encontraron en varios domicilios del Distrito Federal y del estado de México, los cuales fueron cateados el 14 de agosto de 2001. Ese día fueron detenidos los hermanos Cerezo Contreras al sur de la capital del país.
Sin conocer que cinco organizaciones guerrilleras habían reivindicado los hechos, el funcionario de la SIEDO indicó que como parte de la indagatoria se investigará a los nueve movimientos armados que tiene detectados la PGR, mismos que operan desde la clandestinidad.
El pasado 10 de octubre, el fiscal Ricardo Cabrera informó en conferencia de prensa que la procuraduría tiene ubicado perfectamente que en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas y estado de México suprimió Oaxaca operan en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Asimismo, mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de Junio, la Tendencia Democrática Revolucionaria y la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.
Las nueve organizaciones están en la mira de la SIEDO, por lo que no se descarta que en breve se realicen cateos y se cite a declarar a los testigos que pudieran saber algo relacionado con las explosiones ocurridas la madrugada del lunes.
Desde muy temprano, la Procuraduría General de la República envió a un grupo de peritos, agentes del Ministerio Público federal y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a los lugares donde se registraron las detonaciones, a fin de realizar inspecciones oculares.
Los atentados provocaron una reunión de urgencia entre el titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca y todos sus subprocuradores, así como el director general de la AFI, Genaro García Luna.
La PGR investigará la procedencia de los artefactos explosivos con base en la Ley Federal de Armas de Fuego. Sólo en el caso de la explosión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dependencia federal indagará los hechos por completo, ya que se trata de una institución de carácter federal.
Por lo que hace al auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, y a la institución bancaria, la PGR se dividirá el trabajo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), debido a que concurren delitos del orden federal y del fuero común, pues varias casas a la redonda sufrieron daños materiales.
En las indagatorias también participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por tratarse de un problema de seguridad nacional.
La averiguación previa de la Procuraduría General de la República se abrió por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo, daño en propiedad ajena y los que resulten.