Grotesca reducción al absurdo
El 2 de diciembre de 2000 la administración federal que está a punto de fenecer pretendió iniciar de manera diferente su gestión, firmando en la ciudad de Oaxaca un acuerdo de cooperación técnica con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, con el supuesto propósito de establecer un programa nacional de derechos humanos que sentara las bases de una política de Estado en la materia en nuestro país. Con ello, la señora Mary Robinson no hacía otra cosa que responder, no al gobierno, sino a las organizaciones civiles que desde el levantamiento zapatista demandaban en el organismo internacional una respuesta eficiente de las autoridades a este respecto.
Más allá de los engaños, claudicaciones y frustraciones acumulados durante todo el sexenio, el operativo de la Policía Federal Preventiva (PFP) casualmente en esa misma ciudad, con el falso objetivo de generar condiciones para solucionar políticamente un conflicto social de profundas y amplias dimensiones, no constituye sino una grotesca reducción al absurdo de aquel primero y más importante objetivo democrático de un gobierno.
Ante la mirada complaciente de un gobierno caciquil, cuya salida todo mundo pide, dentro y fuera de México, hoy tenemos que lamentar, como en Atenco, muertos, desaparecidos, decenas de heridos y centenas de detenidos, entregados a unas autoridades que por principio los consideran como delincuentes. Anteayer mismo ya se anunciaba que se pretendía consignar por asociación delictuosa, sedición, obstrucción de las vías de comunicación, y hasta por uso de armas exclusivas del Ejército, a los estudiantes acantonados en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sin deslindar responsabilidades y sin considerar al menos el "abuso en el uso de la fuerza" por parte de la PFP, como también se hizo en Atenco.
Tal parece que con ello se nos quiere mostrar cuál es el verdadero trato que en el futuro está reservado a la protesta social, comprometiendo así los derechos ciudadanos más elementales en una democracia liberal, simplemente representativa, a la libre expresión, a la manifestación, a la disidencia y a la protesta social, como ya está sucediendo en otros estados de la República. No deja por ello de ser significativo que otro de los instrumentos supuestamente creados para "jalar" esa otra política decente al interior del país, la invitación a México de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos para responder una vez más a una demanda ciudadana, antes que a una voluntad política de las autoridades, ahora con razón se le revierta al gobierno, ante la mirada absorta de toda la comunidad internacional.
El pasado 30 de octubre el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, que para mejores señas es mexicano y firmó como persona el lúcido comunicado que el Grupo Paz con Democracia publicó en La Jornada el pasado jueves, expresó oficialmente su preocupación por el uso de la fuerza pública "para la supuesta solución a problemas sociales de larga duración", y recomendó a las autoridades federales y estatales "que se atengan en todo momento a los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional de respetar sin limitaciones los derechos humanos de las personas y los grupos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la disidencia y a la protesta social".
Ante el cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, que las organizaciones civiles mexicanas han venido denunciando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al día siguiente al gobierno "a adoptar todas las medidas necesarias para resolver la grave situación que afecta a la seguridad ciudadana de Oaxaca, dentro de un pleno respeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos"; y lo llamó especialmente "a investigar y determinar a la brevedad la ubicación de todas las personas detenidas, y a asegurar el pleno respeto a sus derechos humanos".
Ese mismo día, el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, quien por cierto ha urgido a las autoridades locales y nacionales a esclarecer el asesinato del reportero gráfico estadunidense Brad Will, recordó al gobierno que "conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos". Por ello, frente a los graves retrocesos en democracia y derechos humanos al final de este sexenio, que nos colocan en peores situaciones que las experimentadas al inicio de su mandato, es urgente que la sociedad civil haga ahora dos llamados urgentes: uno, para evitar la imposición de una democracia colonizada por los poderes formales e informales; y otro, a proclamar con otros actores políticos y sociales que es posible una forma de vida instituida en el país en la vigencia de los derechos humanos, y en su capacidad para regular poder, mercado y relaciones sociales, que hoy nos desvalorizan lo humano y enajenan nuestro patrimonio nacional.