Se trata de un síntoma del mal que afecta a todo el país
Censuran académicos la red "mafiosa" y "caciquil" del PRI
En Oaxaca no sólo se vive un clima de ingobernabilidad e inseguridad, sino también la violación flagrante de la Constitución, al tolerar la suspensión "virtual" de las garantías individuales y el envío de cuerpos militares como la Policía Federal Preventiva (PFP), que "sólo corrobora con su presencia que en la entidad no existen poderes".
Eduardo Torres Maldonado, especialista en derecho constitucional y parlamentario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que en México se vive un estado "virtual" de derecho en el que Oaxaca "sólo es la punta del iceberg de un país que está en crisis y en el que la clase política ha demostrado una enorme incapacidad para resolver los conflictos".
Afirmó que la decisión del Senado de la República de rechazar la desaparición de poderes en la entidad es una muestra evidente de la "incapacidad y colusión política" de los legisladores, ante un estado que aún vive "entre las redes mafiosas del viejo sistema caciquil y feudal del PRI".
Oaxaca, insistió Torres Maldonado, catedrático del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, es uno de los estados más pobres del país, e inclusive de América Latina, en el que 80 por ciento de su presupuesto depende del gobierno federal, ya que la recaudación de impuestos locales sólo representa 0.5 por ciento de sus recursos, es decir, "nos enfrentamos un problema que lleva 500 años ante un persistente sistema de pobreza y marginación".
La crisis que vive Oaxaca, afirmó, "no se puede limitar a unas calles o al zócalo de una entidad; está en todo el país, en casos como Atenco, Pasta de Conchos, Guerrero, Chiapas y Michoacán, que nos indican que Oaxaca sólo es la punta de la primera revolución social de este siglo".
Detrás de las acciones inconstitucionales y violentas, afirmó, "hay un gran temor de no saber gobernar y de no tener la legitimidad para ejercer la autoridad", por lo que aseguró que la crisis en ese estado del sur es una "prueba de fuego que no han sabido superar ni la administración foxista ni el presidente electo, Felipe Calderón".
Por su parte, Agustín Pérez Carrillo, especialista en delitos políticos y derechos humanos del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, afirmó que el conflicto oaxaqueño sólo es un "síntoma" de los graves problemas que enfrenta el país, donde prevalece la "deshonestidad, la corrupción y la impunidad de la clase política frente a una ciudadanía que está perdiendo aceleradamente sus derechos".
Agregó que en México, como en el resto del mundo, "no existe ningún interés por respetar los derechos humanos, por lo que cada día vale menos nuestra condición de ciudadanos frente a los intereses de caciques políticos o intereses económicos en el que inclusive se puede llegar al absurdo de negar la declaración de desaparición de poderes en el Senado y días después aprobar un punto de acuerdo para exigir la salida del gobernador porque existen condiciones de ingobernabilidad".
La crisis que enfrenta el pueblo oaxaqueño, destacó, pretende ser resuelta con acciones que "no sólo violentan la Constitución con el envío de tropas militares disfrazadas con las siglas de la PFP, que desde su propia creación violenta la legalidad, sino también con el discurso político con el que se pretende justificar que todas estas acciones están dentro de la legalidad y el estado de derecho.
Al respecto, Torres Maldonado enfatizó que el pacto PRI-PAN para mantener en el poder al gobernador Ulises Ruiz "tendrá un costo político elevado, porque la Constitución estatal señala claramente que en caso de ausencia por 30 días, el Ejecutivo estatal puede ser sustituido por otro funcionario o, en su caso, pedir un permiso por seis meses o más, y así permitir al Congreso del estado nombrar un gobernador interino para que el resto de los poderes puedan operar nuevamente".