Editorial
En defensa del sector energético
Fuera de un discurso bipolar y disociado que va del elogio de la inclusión a la amenaza de la mano dura, el calderonismo no parece tener más idea coherente de gobierno que una rápida escrituración de lo que queda del sector energético del país a los capitales trasnacionales. Es inevitable percibir cómo, tras el triunfo judicial de Felipe Calderón, los representantes de esos capitales y sus gestores, los funcionarios salinistas de siempre, más los panistas recién llegados, hacen cuentas alegres, se reparten plantas generadoras, ductos y refinerías, y esperan con impaciencia la nueva feria de privatizaciones que empezará, según sus cálculos, el próximo primero de diciembre. Furtivo, como lo ha obligado a actuar la realidad de un país polarizado, el calderonismo participa en encuentros bajo el agua en los que se diseñan planes para poner los recursos energéticos de México al servicio del complejo militar-industrial estadunidense. En suma: los intereses financieros trasnacionales y sus aliados locales del grupo gobernante esperan que una Presidencia en manos de Calderón logre lo que no consiguieron el salinato, el zedillismo y el foxismo: despojar a la nación de la propiedad de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Estos designios antinacionales y entreguistas han generado una reacción contraria que se suma al movimiento de descontento poselectoral canalizado ahora en la convención nacional democrática (CND), como pudo constatarse ayer, en los actos y protestas con motivo del 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Partidos de oposición, sindicatos del sector energético y priístas a título individual, como Manuel Bartlett, se manifestaron en forma contundente contra cualquier intento de privatización de la energía eléctrica.
Es significativo que, frente a una oligarquía supuestamente promotora de la institucionalidad y la legalidad, sean los sectores populares y de oposición los que salen en defensa de los preceptos constitucionales que garantizan la propiedad pública de Pemex y de la CFE y que otorgan al Estado facultades exclusivas en materia energética. Ello pone en evidencia una vez más que quienes detentan los poderes políticos, económicos y mediáticos del país han hecho del ejercicio de esos poderes un acto de simulación.
Pero, si los favorecidos de siempre y sus representantes políticos no tienen claro el sentido de la propiedad nacional del sector energético, las mayorías sí que lo perciben y lo entienden, y saben que si Pemex y la CFE son transferidas a la inversión privada, no sólo se encarecerán las tarifas como ha ocurrido en casi todos los países que han realizado tal transferencia, sino que se cancelará todo margen presupuestal para la atención a los desposeídos. Y es que, incluso en las condiciones de corrupción, ineptitud y dispendio características del foxismo, algunos recursos han quedado de la factura petrolera para programas sociales.
Desde luego, la social no es la única razón por la cual el sector energético debe seguir siendo de propiedad pública. Hay también una consideración estratégica, de seguridad y soberanía y hasta de viabilidad nacional, para defender y preservar el estatuto público de las empresas del sector. Porque si fueran rematadas a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, México quedaría en una posición de extrema vulnerabilidad y en una situación de mayor dependencia ante las presiones políticas de otros gobiernos y ante las turbulencias financieras del mercado internacional.
Con base en estas consideraciones, es impostergable fortalecer el frente en defensa del patrimonio energético nacional y propiciar que en él confluyan organizaciones, partidos, sindicatos y ciudadanos comprometidos, al margen de sus tendencias políticas e ideológicas, en la preservación del mandato constitucional y de un instrumento irrenunciable para el desarrollo, la soberanía, el bienestar y el futuro de México.