Usted está aquí: jueves 28 de septiembre de 2006 Economía BNS ocultó información para quedarse con Inverlat: ex dueños

El banco canadiense no cumplió con reportar a accionistas sobre el saneamiento

BNS ocultó información para quedarse con Inverlat: ex dueños

Los antiguos inversionistas recibieron 80 mdd por 9% de las acciones

Los demandantes, que pasaron de 22 a 200, acusan que el comprador no protegió el derecho de sus socios

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El grupo de ex accionistas del Grupo Financiero Inverlat que reclama del actual propietario de la institución, el canadiense Banco de Nueva Escocia (BNS), un pago de 500 millones de dólares, argumentó en su demanda en una corte de Nueva York que la trasnacional ocultó deliberadamente información para hacerse con el control de la firma.

Los demandantes, entre quienes se cuentan miembros de algunas de las familias más conocidas en el medio empresarial mexicano, ofrecieron información que muestra que el BNS no cumplió los tiempos ni los procedimientos para reportar a los accionistas mexicanos sobre el saneamiento de la institución. Por un lado, la firma canadiense logró hacerse con el control del banco, pero por el otro contó con una actitud permisiva de parte del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

La opinión de los demandantes es que el BNS se aprovechó de un sistema burocrático para ocultar la información sobre el proceso de recuperación de préstamos, que estaban depositados en un fideicomiso, y de cuyo cobro dependía que los accionistas del antiguo Inverlat pudieran tener hasta 45 por ciento del valor de la institución que resultara después del saneamiento.

Esos antiguos inversionistas, entre quienes se cuentan a Agustín F. Legorreta, la familia Ramírez (propietaria de Cinépolis); familia Autrey (Altos Hornos de México); Juan Gallardo (Pepsico), y Marcos Katz (Aeromar), sólo recibieron un pago de 80 millones de dólares por el valor de 9 por ciento de las acciones de la institución. El grupo que se ha unido en torno a la demanda contra BNS que es asesorado por el despacho Ortiz Gómez Abogados en México y por otras dos firmas legales en Estados Unidos, ha crecido de los 22 iniciales a cerca de 200, según una cifra confirmada por este diario.

Además de aprovecharse de la burocracia y discrecionalidad que guió la actuación del gobierno durante el rescate bancario, los compradores canadienses de Inverlat disfrutaban de una situación cómoda, que a la larga abonó para que se hicieran del control total de la institución que inicialmente iban a asesorar para que superara algunos problemas financieros.

Explican algunos de los quejosos que han ofrecido información a este diario, que en 1996 el BNS adquirió 10 por ciento de las acciones de Inverlat. Con ese paquete minoritario de acciones, el gobierno dio derecho a los inversionistas canadienses de nombrar a ocho de los 11 integrantes del consejo de administración. Adicionalmente, el BNS envió a México a 20 ejecutivos que teóricamente ofrecerían asesoría para sanear la institución. Su sueldo, de 200 mil dólares anuales cada uno, fue pagado por el gobierno mexicano.

Además, BNS recibió unos títulos conocidos como ''obligaciones convertibles en acciones'', equivalentes a 45 por ciento del capital, que devengaban un interés a su favor y con cargo al erario. ''Simplemente se les regaló'', en perjuicio del patrimonio de los accionistas mexicanos, dijo uno de los quejosos.

El punto central de la demanda en Nueva York -interpuesta allá porque hay un convenio entre los accionistas originales y BNS, que reconoce la jurisdicción de los tribunales y las leyes de esa ciudad estadunidense- es que el banco canadiense no protegió el derecho de sus socios -los inversionistas mexicanos- en el fideicomiso de recuperación de cartera creado en 1996, en el contexto de un acuerdo para el saneamiento financiero de la institución.

La legislación estadunidense reconoce un derecho, llamado allá de fiduciary duty, que obliga a una parte involucrada en un fideicomiso a anteponer a sus derechos los de las partes con las que tiene una relación fiduciaria.

Los quejosos mexicanos argumentan que BNS no los protegió, sino que se sirvió de su posición privilegiada para hacerse con el control de la institución.

BNS adquirió Inverlat por un total de 600 millones de dólares. En el último año obtuvo en México ganancias por el equivalente a 405 millones de dólares.

 
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