Felipe Calderón ya habría aceptado que se utilice la fuerza pública
Propone el Cisen que grupos de disuasión detengan a líderes del movimiento oaxaqueño
Abascal no ha autorizado la operación ya que, de salir mal, él resultaría afectado
Ampliar la imagen Dos integrantes de la marcha de la APPO y el magisterio oaxaqueño toman un respiro a su llegada al municipio poblano de Chila de las Flores Foto: José Castañares
Las autoridades de inteligencia del país presentaron a la Secretaría de Gobernación una propuesta de acción e intervención policiaca para el conflicto de Oaxaca, mediante grupos de disuasión que logren detener a los líderes en rebeldía que integran y coordinan la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), revelaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la información obtenida, el presidente electo Felipe Calderón Hinojosa ya convino ante Gobernación que se utilice la fuerza pública en el caso Oaxaca, aunque hasta la tarde de ayer estaba pendiente la autorización final del presidente Vicente Fox.
El proyecto fue elaborado por funcionarios del gabinete de seguridad, con la supervisión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y prevé que las fuerzas armadas federales -Policía Federal Preventiva (PFP) y Agencia Federal de Investigación (AFI)- ingresen durante la madrugada de cualquier día, en fin de semana, al zócalo de la capital de esa entidad, a fin de que, con la utilización de tanquetas de dispersión de agua y gases lacrimógenos, se logre contener a los manifestantes e inclusive detenerlos.
El operativo policiaco estaría coordinado en todo momento por el gobierno de Oaxaca e implicaría el control de las vías de acceso a la entidad, incluidas las carreteras, así como las terminales aéreas y marítimas.
De hecho, la propuesta de acción policiaca ya fue entregada al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien a decir de las fuentes consultadas hasta el cierre de esta edición aún no autorizaba la operación.
Entre martes y miércoles, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Cisen mantuvieron constante comunicación con Abascal para revisar los planteamientos de la propuesta de intervención en Oaxaca. No obstante, la respuesta del encargado de la política interior aún no ha llegado.
Según las versiones expresadas por las mismas fuentes, hasta el momento la principal objeción del secretario de Gobernación respecto de autorizar la propuesta de desalojo para ''restablecer el orden'' en Oaxaca es que si el operativo saliera mal, y se desbordara la violencia en la región o se suscitara un enfrentamiento armado sin precedentes en el sexenio foxista, el principal responsable sería el propio funcionario, a quien incluso se le podrían fincar responsabilidades penales en futuras administraciones.
Desde el inicio del movimiento magisterial en Oaxaca, el Cisen ha enviado a esa entidad agentes que tienen la encomienda de infiltrarse entre las personas que participan en las actividades diarias del movimiento social.
Finalmente, las fuentes consultadas indicaron que parte de la labor de los funcionarios de inteligencia gubernamental es identificar correctamente la responsabilidad que tiene cada uno de los líderes, entregar reportes continuos de sus actividades y aportar información sobre planes y estrategias operativas de los inconformes.