La Constitución no otorga la exclusividad a los partidos para presentarlas: ministro
La Suprema Corte de Justicia, a un paso de reconocer las candidaturas independientes
"La soberanía reside en el pueblo, y el acceso al poder público no debe ser monopolio"
Las candidaturas independientes a los cargos de gobernador, diputados por mayoría y para integrar planillas en elecciones municipales serán reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la sesión que se celebrará este martes, el pleno de ministros continuará el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político estatal Alianza por Yucatán, el PRD y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad, en los que se reconocen las candidaturas independientes a puestos de elección popular.
Ayer, los ministros Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel respaldaron el proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, el cual señala que la Constitución federal no concede "exclusividad" a los partidos políticos para presentar candidaturas, además de que permite a los Congresos locales legislar en la materia.
Según ministros consultados, se espera que este martes el ministro José Ramón Cossío, y quizá alguno más, se sume a esta propuesta de Silva Meza. En caso de que la mayoría considerara que son inconstitucionales los artículos impugnados, resulta que, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, se requiere de cuando menos ocho votos para anular una legislación, porque de otra manera se seguirá aplicando.
De ser así, Yucatán sería la primer entidad del país en la que habría candidaturas independientes, con el reconocimiento del máximo órgano de justicia del país.
En la sesión pública de ayer, por primera vez el pleno discutió la constitucionalidad de dichas candidaturas, porque cuando revisó el amparo interpuesto por Jorge G. Castañeda, con el que pretendía ser candidato independiente a la Presidencia de la República, los ministros no discutieron el fondo del asunto. Para ello los ministros tuvieron que contraponer lo dispuesto en diversos artículos de la Carta Magna: por un lado, los artículos que prohíben cualquier tipo de discriminación y que reconocen el derecho fundamental del ciudadano de votar y ser votado, y por el otro, los artículos que hablan de que en México existe un sistema de partidos políticos.
Con diferentes matices, los ministros que consideran que las candidaturas independientes son constitucionales señalaron que la soberanía reside en el pueblo y que el acceso al poder público no debe ser monopolio de los partidos políticos.
Exclusión a sectores de la sociedad
En este sentido, Genaro Góngora Pimentel dijo que uno de los problemas que enfrentan los partidos en la actualidad es precisamente que se desentienden de los reclamos cotidianos de los ciudadanos, lo cual les ha atraído críticas por su tendencia a excluir a sectores de la sociedad en la búsqueda de beneficios, ya sea para los partidos o para los propios dirigentes de éstos.
Además, coincidió con Sánchez Cordero, México ha suscrito acuerdos internacionales como el Pacto de San José, en el que se compromete a reconocer los derechos de los individuos a votar y ser votados a un cargo de elección popular sin ningún tipo de discriminación.
En contraste, Sergio Valls y Sergio Salvador Aguirre Anguiano señalaron que si bien se podría pensar que sean deseables las candidaturas independientes, para que fueran reconocidas tendría que llevarse a cabo una reforma constitucional que regule su inserción. Citó como ejemplo la problemática que implicaría la adjudicación de recursos para estos aspirantes, así como la representación que tendrían ante los órganos electorales, etcétera.
En el marco de la discusión de ayer, el pleno invalidó por ocho votos contra tres una disposición legal que obligaba a los partidos políticos a aportar 25 por ciento de los salarios de sus representantes ante el Consejo Electoral de Yucatán. Sin embargo, la reglamentación del pago de los consejeros de los partidos tendrá que fijarla el Congreso local.