Don Norberto, el sexo y la moral
Los tiempos cambian . Ahora la ropa sucia no siempre se lava en casa. A veces se airea en los tribunales. No aquí en México, claro, donde sigue existiendo una justicia ramplona y de opereta; un estado de derecho clasista que protege a los poderosos. En el caso de marras, que involucra al cardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, la demanda por encubrimiento de un sacerdote presuntamente pederasta se ventila en la Corte Superior de California. La querella contra don Norberto involucra también al cardenal de Los Angeles, Roger Mahony, y tiene como protagonista principal al sacerdote Nicolás Aguilar, presunto responsable de casi 90 abusos sexuales de menores en instituciones eclesiales de México y Estados Unidos.
Los pormenores del caso han sido referidos con amplitud en las páginas de La Jornada. Incluido el tema del fuero especial del que goza el purpurado mexicano, quien recurrió a los favores del secretario de Gobernación, Carlos Abascal -hombre de raigambre cristera y sinarquista, y muy ligado a las estructuras jerárquicas conservadoras de la Iglesia católica local-, para intimidar y coaccionar, mediante sus sabuesos del Instituto Nacional de Migración, a los abogados defensores de Joaquín Aguilar, responsable de la demanda referida, cuando ofrecían una conferencia de prensa en la capital mexicana la semana pasada. Como tantas veces antes, la reacción del jerarca eclesial fue decirse víctima de una conspiración mediática promovida por "enemigos de la Iglesia" que persiguen "oscuros fines". Entre ellos, la "extorsión" y el "chantaje". Como dijo el vocero de la Arquidiócesis de México, sacerdote Hugo Valdemar, estaríamos ante otro caso de "comercialización de la justicia", cuyo único objetivo es la "ganancia económica (...) a través de la manipulación y la explotación del dolor y la tragedia de las víctimas".
Con el telón de fondo del escándalo desatado por la protección oficial a la red de redes de pederastia, turismo sexual infantil y trata de mujeres que involucra entre otros a Jean Surcar Kuri, al diputado priísta Emilio Gamboa Patrón, al empresario Kamel Nacif, al todavía gobernador de Puebla, Mario Marín, y al subsecretario de Seguridad Pública federal, Miguel Angel Yunes, cabe consignar que el caso del cardenal Rivera guarda una relación más cercana con las denuncias formuladas en contra del sacerdote Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, a quien el papa Ratzinger impuso un retiro forzoso el 19 de mayo pasado, luego de que un fiscal del Vaticano documentó al menos 30 casos de abuso sexual cometidos por el jefe legionario. Si bien hasta ahora monseñor Rivera no enfrenta cargos de pederastia -el cardenal Mahony está acusado de haber abusado de una alumna en la secundaria católica de San Joaquín, en Fresno, en los años sesenta-, la demanda lo acusa del delito de "conspiración a la pederastia", es decir, de encubrir y brindar protección al sacerdote Nicolás Aguilar.
Frente al escándalo de las buenas conciencias, que en ocasiones como la que enfrenta don Norberto apelan a la socorrida teoría de la conspiración -tan cara a los círculos corporativos y totalitarios- y atribuyen los ataques a "fuerzas del mal", "desestabilizadoras", que quieren afectar la "imagen" de la Iglesia, e incluso a "venganzas personales", conviene hacer algunas precisiones.
La Iglesia católica es una institución moral y política, por tanto, está sujeta a la crítica y al escrutinio público. Pese a su doctrina sobre la infalibilidad papal, su estructura de gobierno jerárquica y su cultura autoritaria, se trata de un reino sacro estatal que opera dentro de sociedades humanas. Más allá de su supuesta relación con Dios en la Tierra, la Iglesia católica, sus dirigentes y funcionarios siguen estando regidos por las leyes y sometidos a los principios morales de las sociedades contemporáneas. Es verdad que en la esfera pública secular, la Iglesia católica y su nomenclatura han disfrutado históricamente de relativa inmunidad. En la coyuntura, la actuación del secretario de Gobernación Abascal confirma lo anterior. Pero en una sociedad democrática -está claro que México no lo es-, la investidura sacerdotal no debe suponer inmunidad legal ni social.
En realidad, lo escandaloso, tanto en el caso que involucra a Marcial Maciel como en la acusación de encubrimiento contra el cardenal Rivera, es que la jerarquía de la Iglesia católica y del Estado Vaticano hayan solapado, ocultado y desmentido durante muchos años casos de abusos y pedofilia en sus seminarios, colegios y recintos religiosos, así como la violación de monjas por religiosos, bajo el mandamiento de que "la ropa sucia se lava en casa", según la pueblerina expresión utilizada por el ex presidente del Episcopado Mexicano, monseñor Sergio Obeso.
Lo más reprobable ha sido el encubrimiento sistemático por las autoridades eclesiales de representantes suyos que, abusando del poder conferido por su imagen sacralizada y la aureola mítica de su investidura sacerdotal, cometieron actos tipificados como delito. Lo más criticable es la autodefensa de integrantes de una casta sacerdotal supranacional deshumanizada y agresora -por ínfimo que sea el personaje de clérigos incontinentes, pecadores y criminales-, con la finalidad de ocultar debajo de la alfombra la vergüenza colectiva de la Iglesia católica. Lo más condenable es que hayan callado y solapado los delitos de un puñado de abusadores y violadores para que la Iglesia católica no perdiera prestigio. ¡Como si el prestigio estuviera en el silencio cómplice y en la cobardía que oculta este tipo de hechos!