Por acción u omisión
Una frontera es una línea que delimita los confines de un estado. No es una zona en la que sus habitantes se encuentren bajo un régimen diferente al del país al que pertenecen. En cambio, sí tienen la posibilidad de desenvolverse en la economía y la sociedad vecinas, sujetándose, alternativamente, al régimen jurídico del país en que se encuentran. Son los gobiernos los que no tienen esa posibilidad de que gozan los particulares. Su trabajo se desarrolla dentro de los confines del Estado. La excepción está en las relaciones acordadas mediante tratado, diplomáticas, consulares, comerciales, de comunicaciones y de colaboración y cooperación en un sinfín de materias, inclusive de seguridad y de justicia. Lo que no se cede es la atribución, la autoridad ni la jurisdicción, y todo lo que se entiende como competencia exclusiva del Estado. Es, notoriamente, el caso de la seguridad pública.
Don Antonio Garza, embajador de Estados Unidos en México, emitió un comunicado en el que anuncia que el día 21 se celebró una reunión en Laredo, Texas, entre funcionarios estadunidenses de alto nivel y sus contrapartes mexicanas, cuya frase sustantiva es "... para conversar sobre las responsabilidades compartidas de nuestros dos países en la frontera". Aunque no identificó a los funcionarios participantes ni las dependencias que representan, el embajador agradeció la pronta respuesta del gobierno mexicano a su solicitud de celebrar la reunión. Los que siguen son algunos párrafos del comunicado: "Hoy llegamos a un acuerdo sobre la necesidad de una fuerza de tarea conjunta que trabaje en casos específicos de secuestro que involucren a ciudadanos estadunidenses" (en México, se entiende). "También seguimos instando a México a que considere el regreso de fuerzas federales en números significativos a Nuevo Laredo como un mecanismo de corto plazo en contra de organizaciones criminales." "Los Estados Unidos garantizamos hacer nuestra parte..." "Con la ayuda de nuestras contrapartes mexicanas, los Estados Unidos continuaremos detrás de aquellos individuos cuyas actividades relacionadas con el narcotráfico nos permitirán cancelar sus visas y tarjetas de cruces fronterizo norteamericanas." "Además de esto, agencias judiciales de los Estados Unidos ofrecerán todo el apoyo posible a México para colaborar en la aprehensión de aquellos que asesinen a funcionarios de justicia, agentes judiciales o de investigación en venganza por sus esfuerzos por imponer la ley y proteger a la comunidad."
El recelo surge de inmediato cuando se observa la reserva con que las autoridades mexicanas trataron el asunto y la contradictoria actitud del embajador, que por un lado oculta la identidad de los participantes y por el otro no resiste la tentación de anunciar que volvió a regañar a los funcionarios del gobierno ante el cual está acreditado. Sin embargo, hay que pensar que estas anomalías se desprenden de la sensación de culpa que sienten (o debieran sentir) los funcionarios mexicanos participantes en una reunión a puertas cerradas en la que se trata de las "responsabilidades compartidas" en la frontera. La idea misma de compartir responsabilidades es algo a lo que se recurre en muchas circunstancias de la vida y, para nuestro tema, en las relaciones internacionales, especialmente en las de México con Estados Unidos. Así es en los temas del agua, de la migración, etcétera. Es en materia de seguridad en la frontera que debemos estar alerta porque, como sucede con otros conceptos intervencionistas, como la "injerencia humanitaria" o su versión suavizada, la "responsabilidad de proteger", se trata de una licencia de una sola vía, en la que se adelanta un permiso para que el poderoso intervenga en el campo del débil sin que de ninguna manera se pueda interpretar al contrario. ¿O quizá el acuerdo de una fuerza de tarea conjunta que trabaje en casos específicos de secuestro que involucren a ciudadanos mexicanos está también previsto? Los mexicanos suelen ser secuestrados por los propios coyotes, por los cazarrecompensas, por los empleadores, y por las propias autoridades estadunidenses. Es claro que no. Se trata de autorizar a las policías estadunidenses para que trabajen en territorio mexicano y no a la inversa.
A menos que exista un impensable tratado secreto, no hay autoridad administrativa que tenga la facultad de autorizar algo como esa fuerza de tarea conjunta, que supone funcionarios y quizá policías (¿armados?) trabajando en territorio nacional. Esto es algo bien sabido por la administración del presidente Fox, que ya enfrentó una situación semejante cuando se planteó la intención estadunidense de instalar sus oficinas de migración en los aeropuertos mexicanos. Si en esa reunión, cuyo carácter diplomático está dado por la presencia del embajador Garza, estuvo representada la cancillería mexicana, la anomalía es muy grave, y si no estuvo, la omisión es peor. Si fueran solamente policías o funcionarios de otra dependencia los que cometieron el tropiezo, la ilegalidad de la medida sería igualmente crasa. Tanto las autoridades estadunidenses como las mexicanas están al tanto de que la única opción para que sus funcionarios trabajen en México radica en su acreditación consular, misma que, en el caso de policías, desvirtuaría totalmente la convención consular. El gobierno de México debe explicar su mala acción o su pésima omisión.