Insta a Aguilar Rivera a entregarse a la justicia

Rivera niega en Catedral haber tapado al pederasta

Anuncia acciones contra clérigos pederastas en el DF

ALMA E. MUÑOZ

El arzobispo primado de la ciudad de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, rechazó públicamente haber encubierto al presunto pederasta Nicolás Aguilar Rivera, a quien pidió, "donde quiera que se encuentre", entregarse a la justicia para evitar "un mayor daño a la Iglesia".

Acusó a quienes lo denunciaron en la corte superior de Los Angeles, California -Joaquín Aguilar, víctima de abuso por el presbítero, apoyado por la estadunidense Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés)-, de "comercializar" el caso, sin "escrúpulo alguno" y de manera "profundamente inmoral", para beneficiar sus "inconfesables intereses". Entre ellos, "denigrar y calumniar" a la institución católica.

Casi una semana después de que fue demandando por supuesta "conspiración a la pederastia", el prelado dio a conocer ayer una serie de medidas preventivas en atención a las víctimas de ataques sexuales de clérigos en el Distrito Federal. Destaca el nombramiento de su obispo auxiliar Marcelino Hernández y del padre Jorge Estrada Solórzano como sus delegados de justicia.

Se encargarán de dar seguimiento a cada caso que le sea referido al prelado, así como iniciar, apoyados en obispos y sacerdotes de la capital del país, investigaciones sobre los asuntos relacionados con la pederastia en la zona. Las medidas, además, incluyen que en el Seminario Conciliar se extremen las diligencias de selección de candidatos a sacerdotes, y se expulse definitivamente a seminaristas que "pudieran presentar tendencias patológicas que más tarde podríamos lamentar".

Luego de oficiar en la Catedral Metropolitana, Rivera dio lectura a un "mensaje al pueblo de Dios". Serio, sudoroso, sin bromear como en otras ocasiones cuando da lectura a un pronunciamiento, el prelado subrayó que "siempre" ha condenado los "terribles actos inmorales" que cometen en menores "sacerdotes criminales". Resaltó que ante ello ha pedido a los feligreses que si conocen de algún hecho de ese tipo lo denuncien tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas para poder castigar. Como pastor, precisó, "velo por mis fieles y ahuyento a los lobos del rebaño".

Aseguró que, consecuente con lo anterior, "en ningún momento" encubrió a Nicolás Aguilar Rivera. El supuesto delito cometido contra Joaquín, en 1994, en una parroquia capitalina -agregó el cardenal-, "fue perpetrado antes de que yo fuera nombrado arzobispo en esta ciudad, por lo que no se me puede imputar responsabilidad o, peor aún, complicidad alguna". Tomó posesión, recordó, en julio de 1995, y el presbítero huyó -sin precisar día-, "pues tenía claro que no permitiría que ejerciera su sacerdocio en esta iglesia diocesana".

Conminó al religioso a que "por el bien de su propia conciencia, y para evitar un daño mayor a la Iglesia, responda ante las autoridades competentes de los terribles crímenes de que se le acusa". Confió en que alguna otra víctima de Nicolás "sabrá poner la denuncia correspondiente y la autoridad actuará con todo rigor, conforme a derecho".

Insistió en que ya advirtió a los sacerdotes bajo su responsabilidad (unos 2 mil) que si alguno de ellos comete pederastia, y es denunciado y probado su delito, ni él ni la arquidiócesis de México lo defenderán o tolerarán. "Dejaré -dijo- que la autoridad, ya sea civil o eclesial, actúe para que aquél pague en consecuencia."

Así como conminó a las autoridades civiles a instaurar programas de prevención al respecto, y "a combatir con toda la fuerza del Estado las redes criminales de explotación y prostitución infantil", hizo públicas las medidas que sobre eso, aseguró, ha venido implementando desde hace tiempo en la arquidiócesis.

Sumado a lo citado, escuchar y orientar personalmente a víctimas de este tipo de delitos sobre las acciones canónicas o legales que pueden emprender; girar instrucciones "claras y precisas" a sus obispos auxiliares para que revisen en sus respectivas vicarías que no haya casos de abusos sin resolver. Para ello, deberán organizar reuniones con sus sacerdotes, pidiendo la colaboración de expertos en derecho canónico y el Código Penal, a fin de que los presbíteros tengan claras las consecuencias que enfrentarán si cometen ataques sexuales.

De ser así, una vez probada la culpabilidad de algún religioso, a éste se le suspenderá, de manera definitiva, del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Y cuando la autoridad civil competente se lo solicite, colaborará en las investigaciones, incluyendo la apertura de archivos.

También instruyó a que se tenga "gran cuidado y rigor" al analizar las solicitudes de sacerdotes externos que quieran ejercer como tales en la curia, para "no poner en peligro a los fieles".

Antes de agradecer a "gran parte de los medios de comunicación, que en razón de una ética de equidad nos han abierto sus espacios para exponer nuestra postura", emitió su opinión sobre la SNAP. Le reprobó realizar "acciones ilegales" en el país, refiriéndose a la conferencia de prensa que sus líderes, acompañados por los abogados de Joaquín Aguilar, dieron el miércoles pasado en un hotel capitalino.

Los acusó de violar "nuestra soberanía nacional y nuestra Constitución", con lo cual "mostraron un profundo desprecio a las instituciones y leyes de México, queriendo imponer de forma abusiva, ilegal e intervencionista, modos judiciales de proceder extranjeros que no son admisibles para el sistema legal de nuestro país".