Uruguay y Argentina llevarían a La Haya pleito por papeleras
Montevideo, 23 de septiembre. Uruguay evalúa presentar una contrademanda a Argentina ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por los daños económicos causados por los bloqueos fronterizos en protesta por la construcción de dos plantas de celulosa, informó este sábado el diario El Observador.
La estrategia quedó de manifiesto tras la reunión mantenida entre el canciller Reinaldo Gargano y el agente de Uruguay ante la Corte y embajador de su país ante Francia y la Unesco, Héctor Gross Espiell, quienes delinearon futuras acciones en torno al litigio con Argentina.
Una de las hipótesis señalada por el matutino es solicitar a la CIJ medidas cautelares para evitar nuevos cortes de ruta por parte de los ciudadanos argentinos, opuestos a la construcción de las papeleras, que consideran contaminantes.
El desencadenante de la controversia fue la construcción de dos fábricas procesadoras de pasta de celulosa, en la margen oriental del río limítrofe, por parte de la empresa Ence y la finlandesa Botnia, con una inversión global de mil 800 millones de dólares.
El pasado jueves, el presidente y el consejero de la firma española, Juan Luis Arregui y Pedro Oyarzábal respectivamente, anunciaron que se mudarán de Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo) y que relocalizarán la planta en otro punto de Uruguay, aun cuando desde el propio gobierno se cree que se irán del país.
Buenos Aires llevó el litigio ante la Corte de La Haya, organismo ante el que demandó al Estado uruguayo por motivos ambientales, entablándose así una batalla jurídica de largo aliento.
En contrapartida, Uruguay denunció a Argentina ante el tribunal del Mercosur, por las pérdidas económicas causadas por los bloqueos de rutas en los puentes fronterizos durante el pasado verano austral, por parte de pobladores de la vecina provincia de Entre Ríos.
El tribunal del bloque regional se pronunció el pasado 6 de septiembre acogiendo "parcialmente" la demanda uruguaya contra Argentina, al señalar que Buenos Aires no garantizó la libre circulación, aunque desestimó adoptar "determinaciones sobre conductas futuras".