Se abrirán nuevas líneas en el caso Cacho: FEADP
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) abrirá nuevas líneas de investigación en el caso Lydia Cacho, a partir de las grabaciones de Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, recientemente difundidas, a fin de consolidar la hipótesis de que las garantías individuales de la periodista fueron violadas en represalia por su labor profesional, y a partir de la cual denunció la existencia de una gran red de pederastia que involucraba a ambos empresarios.
Fuentes de la Procuraduría General de la República señalaron que si bien hasta ahora la FEADP no cuenta con elementos de prueba suficientes para ejercitar acción penal contra los responsables de la detención y encarcelamiento de la autora de Los demonios del edén, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ampliar su investigación también permitirá que el Ministerio Público se allegue de más elementos en razón del informe elaborado por el máximo tribunal.
La FEADP, indicaron las fuentes, si bien no contempla utilizar las grabaciones como prueba de la comisión de algún acto ilícito, éstas le servirán para obtener datos que deban ser investigados y que sean útiles para determinar si hubo o no una connivencia de servidores públicos para afectar los derechos de la periodista.
Los funcionarios entrevistados revelaron que tanto la FEADP como la Fiscalía Especial para la Atención de actos de Violencia contra las Mujeres llevarán a cabo más de 20 diligencias ministeriales en las próximas semanas, y que éstas actuaciones incluyen nuevas comparecencias de los involucrados en la violación de garantías de Cacho, entre los que están el gobernador de Puebla, Mario Marín, la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda, agentes de la Policía Judicial poblana, entre otros servidores públicos.
De acuerdo con la información obtenida, parte de las nuevas pesquisas están relacionadas con la red de complicidades que dieron como resultado la persecución de la también escritora, quien actualmente enfrenta un proceso penal por difamación en el estado de Quintana Roo, a partir de una denuncia que interpuso en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge.
Gustavo Castillo García