Usted está aquí: jueves 21 de septiembre de 2006 Política Cuestiona decisión de la Corte el consejero jurídico de Marín

"Ni siquiera saben" qué más van a investigar, afirma

Cuestiona decisión de la Corte el consejero jurídico de Marín

MARTIN HERNANDEZ ALCANTARA LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 20 de septiembre. El consejero jurídico del gobierno estatal, Ricardo Velásquez Cruz, reprochó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo que pretenda ampliar las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la presunta confabulación del gobernador Mario Marín Torres y funcionarios del servicio público local para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Además, el funcionario lamentó la "indecisión" que ha mostrado el máximo tribunal del país para resolver el caso, y aseveró que esa conducta dubitante ha mermado a la institución.

En conferencia de prensa, el principal artífice de la defensa legal de Marín Torres intentó tergiversar el sentido de la ampliación de las investigacio- nes sobre las transgresiones a los derechos de la autora de Los demonios del edén.

De entrada cuestionó que la SCJN hubiera designado a los magistrados Emma Fonseca y Oscar Vázquez Marín, dándoles plena libertad para realizar las indagatorias, para que, a la hora de la verdad, los resultados de dichas indagatorias fueran rechazados.

Velásquez Cruz expresó también su desacuerdo con que el ministro instructor de la amliación de las investigaciones sobre el caso de Lydia Cacho, José de Jesús Gudiño Pelayo, pretenda reorientar las hipótesis de búsqueda.

De hecho, el consejero jurídico del gobierno de Puebla mantuvo un discurso contradictorio, pues por un lado dijo que la decisión de la SCJN de ahondar las pesquisas beneficia a Mario Marín, y luego cuestionó la resolución, al manifestar que los ministros "ni siquiera saben" qué más van a indagar, pese a que en la sesión del pasado martes los integrantes del máximo tribunal dejaron claro que la hipótesis principal que guiará en adelante la investigación es saber si el gobernador poblano ordenó violentar los derechos de Cacho Ribeiro.

 
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