Editorial
Norberto: ¿fuero de facto?
Con el telón de fondo del escándalo desatado por la denuncia de encubrimiento de un sacerdote presuntamente pederasta, interpuesta antier en Los Angeles contra el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron detener a Eric Barragán, dirigente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual (SNAP, por sus siglas en inglés), y a Jeffrey Anderson, Vance Owen, Michael G. Finnegan y David Clohessy, abogados defensores de Joaquín Aguilar, responsable de la demanda referida, cuando ofrecían una conferencia de prensa, ayer, en un hotel de esta capital. Los funcionarios públicos se negaron a identificarse; en vez de mostrar las órdenes pertinentes exhibieron unos machotes que pretendían llenar a mano y, gracias a la intervención de los periodistas presentes en el acto y de efectivos policiales, no lograron llevarse a los litigantes, pero consiguieron evitar que la copia de la demanda fuera entregada en la sede del Arzobispado, como lo tenían previsto los demandantes. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación, de la que depende el INM, y que preside Carlos Abascal Carranza, aceptó su responsabilidad en el atropello y afirmó que éste se realizó en respuesta a una "denuncia" recibida la víspera.
El incidente puede aclarar la pregunta retórica que se formula en un comunicado de la Arquidiócesis sobre por qué no se presentó en México la denuncia contra el jerarca religioso en México, y despejar la "actitud extraña" de los demandantes: a juzgar por la rapidísima y desaseada reacción del INM, una acción legal contra el jerarca religioso puede generar un marcado hostigamiento oficial contra quienes la emprendan, como en efecto ocurrió.
Sería igualmente retórico preguntarse por qué el INM hostilizó sin motivo a los abogados estadunidenses y no actuó, en cambio, con la misma celeridad contra el ciudadano español José María Aznar cuando éste violó flagrantemente la ley al hacer campaña a favor de Felipe Calderón e inmiscuirse, de esa manera, en asuntos políticos internos. La respuesta es obvia: porque en México el poder del Estado se aplica de manera facciosa y a conveniencia del grupo gobernante y porque Aznar es un aliado importante de la reacción local, en tanto que la acción de los abogados de Joaquín Aguilar afecta a un miembro prominente de ese grupo, el presunto encubridor Rivera Carrera.
El hecho que se imputa al cardenal es haber participado en el encubrimiento de un agresor sexual de menores. La demanda tiene una referencia obligada, aunque se trate de casos diferentes, en la maraña de complicidades que se han venido moviendo en las instituciones públicas para proteger a Jean Succar Kuri, supuesto pederasta extraditado a nuestro país y sujeto a juicio, y para acallar a la periodista Lydia Cacho, quien publicó una extensa y documentada investigación en la que menciona como posibles integrantes de la red de Succar Kuri a políticos encumbrados y sumamente útiles para el foxismo y su empeño continuista como Emilio Gamboa Patrón y Miguel Angel Yunes. El todavía gobernador de Puebla, Mario Marín, protagonizó un intento de agresión contra la informadora, como quedó documentado en una grabación telefónica que se hizo pública en meses pasados entre el propio Marín y el turbio empresario Kamel Nacif, amigo y compañero de aventuras sexuales de Succar. De acuerdo con los datos disponibles, que son muchos, los agresores sexuales de menores de edad cuentan con una espesa protección de las autoridades religiosas y de las seculares.
El abuso contra menores es una vergüenza mucho mayor de lo que se admite; sólo una pequeña parte de las agresiones llega a la luz pública y ello se debe al hostigamiento que padecen las víctimas cuando las denuncian, y la actuación de los agentes del INM contra la parte demandante en la denuncia contra Rivera Carrera parece ser un ejemplo más de tal hostigamiento, llevado a una escala de operativo policial, de severa distorsión institucional, de razón de Estado. Parece, en lo inmediato, una medida destinada a encubrir al acusado de encubrimiento y, en el fondo, un intento por restablecer de facto el fuero religioso que fue abolido en el país, en buena hora, hace 150 años. Y a propósito de interrogaciones inútiles, ¿será necesario preguntarse de qué bando procede la subversión de las instituciones?