Señalan necesidad de aclarar papel de empresarios y funcionarios en porno infantil
ONG y juristas: la decisión de la Corte, un paso en el combate a la impunidad
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de profundizar las investigaciones por la presunta violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho constituye, a juicio de constitucionalistas y organizaciones no gubernamentales (ONG), un "paso importante" que le permitirá involucrarse a plenitud con la responsabilidad de proteger los derechos ciudadanos "y no quedarse a medias".
En San Lázaro se presentó un punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Estado de Puebla a extender las pesquisas por la denuncia de violación de garantías de la periodista quintanarroense. La indagatoria en la cual está implicado el llamado Rey de la mezclilla, el empresario Kamel Nacif, permitirá aclarar su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles.
Para las ONG consultadas, la ampliación de las investigaciones es un paso significativo que da la Corte en contra de la impunidad de los gobernantes y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la SCJN decidió lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no quiso hacer en el caso de las elecciones: tomar en sus manos la responsabilidad de investigar a fondo todos los hechos, y ahora debe determinar las indagatorias a seguir, es decir, el grado de participación del gobernador poblano, Mario Marín Torres, y el papel de una red de pederastas en los hechos.
En ello coincidió Elisur Arteaga, especialista en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien afirmó que la decisión de la Corte permitirá investigar la participación de "todos los involucrados, incluido el gobernador Mario Marín".
Añadió: "con esta decisión se señala que quizá haya indicios para considerar que en este caso puede existir la violación de garantías individuales", lo que aún deberá analizar el pleno de la SCJN al concluir la investigación.
En la Cámara de Diputados, además del punto de acuerdo, la bancada del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) hizo un reconocimiento a la Corte por respaldar una nueva investigación para resolver la denuncia que presentó la periodista Lydia Cacho.
Elsa Conde Rodríguez, legisladora del PASC, sostuvo que el debate que se dio en el seno del SCJN en torno a la denuncia de la periodista por los delitos de represión y hostigamiento "es, sin duda, una buena noticia en la lucha contra el abuso de autoridad y la impunidad".
Respecto al llamado Rey de la mezclilla, implicado en el caso, dijo que "es insostenible que aún con todo lo leído, y sobre todo lo escuchado, siga habiendo personas que en ningún momento han sido objeto de una investigación por los hechos denunciados. Tal es el caso de este empresario, del cual se han conocido públicamente grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas con gobernadores, empresarios y políticos de este país, y de las cuales se puede inferir que existen elementos suficientes para considerar que tiene vínculos o intereses directos con redes de prostitución infantil".
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Red Todos Los Derechos para Todos, Edgar Cortés, afirmó que, ahora, le corresponde a la PGR asumir la responsabilidad "si es que no quiere quedar en evidencia frente a un posible buen resultado que pudiera tener la investigación de la Suprema Corte".
Indicó que la resolución representa un hecho significativo en contra de la cuestionada impunidad de la clase política mexicana, de los que "hasta ahora tenemos innumerables casos de gobernantes que han abusado del poder público sin que haya habido consecuencias".
ONG señalaron que ahora corresponde a la PGR asumir la responsabilidad "de subir enormemente la calidad de su trabajo, si es que no quiere que quede en evidencia su ineptitud frente a un posible buen resultado que pudiera tener la investigación de la SCJN" en torno a la violación de los derechos humanos de los órganos de justicia de Puebla y Quintana Roo, consideró la Red Todos los Derechos para Todos.
El secretario ejecutivo del organismo, Edgar Cortez, indicó que la resolución de la Corte representa un hecho significativo en contra de la cuestionada impunidad de la clase política mexicana, de lo que "hasta ahora tenemos innumerables casos de gobernantes que han abusado del poder público sin que haya habido consecuencias". En entrevista, refirió que la SCJN abrió la posibilidad de pensar en una investigación que desentrañe cómo Mario Marín puso en funcionamiento todo el sistema de gobierno local para violentar las garantías individuales de Lydia Cacho.
El activista comentó que hay que esperar que estos avances se vayan consolidando, porque por momentos se ha visto que la Corte "nos da unas de cal por otras de arena".